Amplio informe de dos fiscales sobre los delitos de Báez durante el gobierno K

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Explosivo informe de dos fiscales sobre los delitos de Báez con la obra pública K

Contrato por contrato y paso a paso, Pollicita y Mahiques detallan cómo los gobiernos kirchneristas y el empresario desarrollaron su “operatoria criminal”.

Explosivo informe de dos fiscales sobre los delitos de Báez con la obra pública K

Otros tiempos. Cristina Kirchner y Lázaro Báez, juntos en el Mausoleo de Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz.

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    Lucía Salinas

Lucía Salinas

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques presentaron un amplio y crítico informe sobre los “privilegios” y las “irregularidades cometidas” en los 52 contratos que el gobierno kirchnerista otorgó a Lázaro Báez. A su vez solicitaron la imputación de personas que ocuparon puestos claves en Vialidad Nacional y que serán indagadas por el juez Julián Ercolini la próxima semana. En los pedidos de indagatoria, insisten en citar a Martín Báez, hijo del empresario K, al presidente de Austral Construcciones -Julio Mendoza-, al ex contador Fernando Butti y a Miryam Costilla, integrante de una de las constructoras.

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La ampliación de pruebas que los fiscales presentaron ante el juzgado de Ercolini retoma el planteo que le valió el procesamiento por asociación ilícita a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner (entre otros funcionarios) y al propio Báez.

Se investiga una operatoria criminal por medio de la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional” y aquellos organismos estatales vinculados a la obra pública,

“Se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de $ 46.000 millones, monto actualizado a 2016″.

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Parte de la maquinaria abandonada de Austral Construcciones. Foto Maxi Failla.

En este contexto, el juez Ercolini -por pedido de Pollicita y Mahiques-, iniciará el martes una segunda ronda de indagatorias con las principales autoridades de los organismos viales a nivel nacional como su delegación en Santa Cruz. En esta instancia se citó a Sandro Férgola, Julio Ortíz Andino, Carlos Alonso, Jorge Regorutti, Sergio Passacantando, Gustavo Gentili y Fernando Abrate.

Por este motivo, se presentó un informe donde se muestran cada una de las irregularidades “que permitieron configurar el esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Lázaro Báez”, expresa el escrito al que accedió Clarín donde se vuelve a plantear que el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex Presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.

El escrito detallan con casos testigos, las principales irregularidades en las que denuncia “connivencia y tráfico de información con Báez” y “falta deliberada de controles” exponiendo “la complicidad de funcionarios”.

Vicios en las adjudicaciones

Báez se presentaba con más de una de sus empresas en las licitaciones, donde no había más oferentes. “Con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización a favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar“.

Desde 2003 el empresario K inició el armado de su holding donde concentró las principales constructoras que después competían entre ellas. En las compulsas de precio, según el informe de los fiscales, el empresario K logró “monopolizar la obra vial”. Tenía no sólo a Austral, sino a Kank & Costilla, Loscalzos y Del Curto, Gotti SA, Sucesión de Adelmo Biancalani, todas investigadas.

Un ejemplo: las obras sobre la Ruta Nacional N° 3 tramo Rada Tilly Km 1867.

Gotti ofertó 216.284.948 pesos (con garantía de $ 2.162.849), KyC 214.046.867 pesos, (con garantías por $ 2.140.468). Como ambas empresas eran de Báez correspondía la pérdida de ambas garantías, algo que no sólo no ocurrió sino que el Estado no rechazó las ofertas asignándole la obra al socio comercial de los Kirchner.

Esto fue calificado como una “simulación” de la competencia de precios, ya que se buscaba “asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”.

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Tramos de la 40 y la 288 por los que Lázaro Báez cobró el doble de lo pautado y no terminó. Foto Maxi Failla.

Vialidad Nacional y la Dirección vial provincial, firmaban los convenios para que el Estado financie las obras después de que ya estaba adjudicada al dueño del Grupo Austral.

Así ocurrió en la obra de la RN 3 Progresiva 2.284 – 2.303. En marzo de 2007 de aprobaron los pliegos, el 11 de abril se otorgó a favor de Báez y el 25 de abril, las autoridades viales acordaron que la obra la financie el Tesoro Nacional.

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Presupuestos direccionados

Entre los vicios advertidos por Pollicita, se indicó que Vialidad provincial designó a los integrantes de la Comisión de Estudios de Ofertas, después de que se conociesen los oferentes a través del acta de apertura. “Permite a la máxima autoridad vial escoger a los que dictaminarán según qué empresas se hayan presentado”.

Respecto a la Ruta 9, empalme de la RN 3 y la 4, se llamó a licitación por 199.680.000 pesos, antes de la apertura de ofertas, se firmó un convenio donde se fijó el presupuesto en 238.248.064 pesos, que terminó siendo la oferta que realizó Austral Construcciones.

“Fue realizado a la medida de la cotización” del empresario K. Lo que muestra “una clara connivencia e intercambio de información entre las autoridades y Báez”.

Se confeccionaban pliegos con presupuestos a valores “sensiblemente superiores a los que el organismo nacional se había comprometido a financiar“.

Algo que se vio en el tramo Güer Aike – Punta Loyola de la Autovía de Río Gallegos.

El presupuesto por convenio fue de 50 millones de pesos, pero la agencia vial provincial lo elevó a 78 millones (un 55,8% más caro) y Báez “impuso un aumento del 19,26% consiguiendo contratar por 92.905.872 pesos: un 85,81% más que el monto inicial . Finalmente, al concluir la obra su costo ya era de 172 millones, el triple de lo convenido .

Variaciones de costos

Hubo incrementos derivados de las predeterminaciones de precios y sus sucesivas modificaciones.

Así ocurrió con la Ruta 12, empalme con la ruta provincial 25 – Pico Truncado.

Su presupuesto oficial fue de 60 millones de pesos y el monto de contrato a la UTE de Austral con Sucesión Adelmo Biancalani, fue de 70 millones.

A los tres meses de iniciada, se le aplicó una modificación de 15,6 millones de pesos (un 22,36% más) y al año siguiente se le introdujo otra modificación de obra por 17 millones (un 19,98% más), más una ampliación de seis meses.

En conclusión, el aumento obtenido fue de 42,6 millones de pesos, que en términos porcentuales representó un incremento del 71,13%.

Como otro caso testigo, se citó la Autovía Circunvalación Caleta Olivia, que inició en septiembre de 2006 y debía terminar en 2009. Se introdujeron sucesivas modificaciones de obra que cuadruplicaron el plazo inicial: se elevó de 36 a 133 meses, no se concluyó y finalmente fue rescindido.

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Uno de los obradores de Austral Construcciones cerca de una de las tantas rutas que no terminó. Foto Maxi Failla.

Sobreprecios del 64%

Otro punto indicado en el informe, son los sobreprecios detectados en diversas obras.

Así ocurrió, consignan los fiscales, con la obra sobre la ruta 3, que fue denunciada por la actual gestión de Vialidad Nacional.

Después de siete años desde el inicio de la obra organizada en tres tramos y tras una valuación final, se determinó que el sobreprecio fue del 69,46% en el primer tramo, en el segundo del 53,14% y en el tramo III del 100,13%. La suma de los saldos de obra actualizados por los tres contratos, otorgan a favor del holding sobreprecios promedio del 64,72%.

“En lugar de garantizar la transparencia en los procedimientos y la eficiencia en la contratación, los funcionarios aparentaron la concurrencia de diferentes interesados imposibilitando la determinación de la oferta más conveniente“, sentenciaron Pollicita y Mahiques. Todo esto, según el documento se realizó “con la anuencia de las autoridades del ministerio de Planificación y la secretaría de Obras Públicas” (que dirigieron Julio De Vido y José López respectivamente).

Así, determinaron que esta conducta tuvo lugar porque fueron colocados por los Kirchner en dichos cargos “bajo la condición que prestaran su acuerdo al plan criminal diseñado”.

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Cartel de vialidad con la descripción de las obras a cargo Austral Construcciones, en el comienzo de la Ruta 288. Foto: Maxi Failla

Obras sin capacidad de ejecución

Las empresas de Lázaro Báez recibieron 52 contratos en menos de seis años. Dicha magnitud y cantidad de obras viales fuesuperior a la capacidad técnica del Grupo. “No estaban en condiciones de realizarlas”, indica el documento. El milagro no se hizo solo: en 2005 se había creado la subsecretaría de coordinación de obra pública que dirigió Carlos Kirchner, primo del ex Presidente.

¿Cómo se determinó esto? En 2006 Báez tenía un certificado del Registro Nacional de Constructores en vigencia hasta junio de 2007, con una capacidad de contratación anual de 72,3 millones de pesos.

El mismo fue usado en 18 obras a través de las cuales contrató por 2.396 millones.

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Vista del campamento de Austral Construcciones abandonado en Tres Lagos, Foto: Maxi Failla

La empresa no podía comprometerse a realizar obras por más de $ 70 millones anuales y en ocho meses, según consta en la documentación, fue “beneficiada con trabajos que superaban su capacidad en más de quince veces con pleno conocimiento de Austral que era incapaz de realizarlas y finalizarlas en tiempo y forma, tal como aconteció”.

La auditoría vial consigna que el 50% de los trabajos quedaron inconclusos.

Báez pudo hacerlo porque al momento de la firma del contrato, nadie le objetó el certificado de capacidad de adjudicación que de forma reiterada presentó. Los fiscales consideran que directamente se eximió a la empresa de presentar la documentación “que, como se ve, no hubiese podido presentar porque la capacidad se le había agotado en la segunda adjudicación”.

Constitución simuladas de UTE

Se creó un mecanismo a través del cual se busco “aparentar” con las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se harían cargo de la obra pero, el objetivo era simular una mayor capacidad de la que se tenía “para luego de adjudicada la obra a la UTE, ésta pudiera ceder el contrato a la empresa del Grupo Báez”. Por ley esta maniobra no podía ejecutarse.

En cinco casos, el holding de Lázaro Báez se presentó a licitaciones públicas en UTE, asegurando que la participación mayoritaria en la inversión y ganancia la realizaba o Gotti o Sucesión Adelmo Biancalani. “Una vez iniciados los trabajos la UTE firmó contrato de sublocación de obra con Austral Construcciones, y así la UTE le confiaba la realización de los trabajos a dicha empresa”. Así se observó en las obras básicas de pavimento en Ruta Provincial 43 (tramo Fitz Roy-Pico Truncado), su presupuesto era de 75,8 millones de pesos y la capacidad de contratación anual exigida era de 38 millones.

“La obra se atrasó puesto que se confió a una empresa que no podía ejecutarla”, señalaron los fiscales. En consecuencia el gasto se incrementó a 150 millones de pesos.

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Los fiscales denunciaron la connivencia de funcionarios para favorecer a Báez. Foto Maxi Failla.

Más obras, más patrimonio

Los fiscales reiteraron que con las maniobras detalladas se garantizó al Grupo Báez un “flujo de dinero público” a través de “una cantidad y dimensión de obras holgadamente superiores a las que estas firmas podían ejecutar”. Se certificaron anticipos financieros y trabajos parciales que permitieron un flujo de dinero que pudiese convertir a Lázaro Báez en el empresario vial más beneficiado por la gestión de Néstor y Cristina Kirchner”.

Estos movimientos de dinero, indica el informe, posibilitaron que el patrimonio del empresario preso por lavado de dinero, se incrementara en un 12.127 % y el de Austral Construcciones en un 45.313%.

La reelección del Grupo Báez

El holding resultó “reiteradamente adjudicatario de distintas “y sucesivas obras viales, pese al incumplimiento sistemático de las condiciones de contratación verificado“. Esto se permitió “sin obstrucciones una y otra vez” a pesar de “los sucesivos incumplimientos en que había incurrido“.

Muestra de esto son las obras viales sobre la ruta nacional 40 o la ruta provincial 39, asignadas en 2007: aunque no cumplían con los plazos de entrega, paralelamente se adjudicaron al Grupo nuevas obras, como los trabajos en la ruta provincial 41. Con una constante: los incumplimientos de los plazos.

La celeridad en los plazos

Los procesos licitatorios eran adjudicados al empresario K “con una evidente rapidez” reiteraron los fiscales. No existió “la igualdad de tratamiento para interesados y oferentes”. Esto permitió que los procesos cuenten con una “llamativa celeridad“. Entre la fecha de apertura de licitación y el inicio transcurrían en promedio 38 días, cuando el término habitual era de 210 días: cinco veces más que cuando el contratista era el empresario K.

Eso sí, para controlar 34 obra en manos del Grupo Báez, Vialidad designó a un solo inspector, que en forma simultánea las controlara en el vasto territorio santacruceño.

“En todo hubo una deliberada falta de control sobre el empresario”, indicaron los fiscales. El informe fue enviado a las dos salas de la Cámara Federal e incorporado también a la causa Los Sauces -por la que Cristina, sus hijos y otras dieciocho personas fueron procesadas esta semana- y a la causa de “la ruta del dinero K”, en la que el juez Sebastián Casanello investiga lavado de activos.

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