TRAMPAS, TRAMAS y ENTUERTOS de funcionarios, policías y jueces en Argentina 2015: ilegalidad explícita con participación de jefes policiales, dirigentes políticos, servicios, jueces y fiscales.

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De Página 12.
Una denuncia del ministerio de Seguridad puso al descubierto una red de corrupción e ilegalidad que incluye a policías, políticos, servicios, jueces y fiscales. Quien la presentó en Tribunales, Cristina Caamaño, sigue en funciones, por decisión presidencial. Por indicación del juez Ramos Padilla, la Procuradora Gils Carbó invitó a formular su descargo al fiscal general Ricardo Sáenz. Para defenderse, el camarista Riggi reveló la fraternidad de jueces, fiscales y servicios de Inteligencia.

Por Horacio Verbitsky
Luis Osvaldo Rodríguez, juez federal .
Juan Ramos Padilla, juez que investigó la denuncia.
Ricardo Oscar Sáenz, fiscal de Cámara.

Una denuncia del Ministerio de Seguridad dio lugar a una investigación del juez Juan Ramos Padilla que puso en evidencia una inquietante red de ilegalidad con participación de jefes policiales, dirigentes políticos, servicios, jueces y fiscales. El primer coletazo fue la apertura de un expediente disciplinario al fiscal general Ricardo Oscar Sáenz, tal como le indicó Ramos Padilla a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Sáenz apareció en las escuchas telefónicas ordenadas por el juez en diálogos de asombrosa intimidad con personas investigadas por la presunta comisión de delitos.

Ahora tendrá diez días para brindar las explicaciones que desee. Recién después de recibidas (o de notificada de que no las suministrará, lo cual no significaría una presunción en su contra), la Procuradora decidirá si es necesario abrir un sumario administrativo y/o promover el juicio político de Sáenz. Es difícil imaginar cómo podría eludirlo. Esta causa es un hilo de Ariadna que puede conducir a la salida de un pantanoso laberinto judicial. Al mismo tiempo, la creación de la nueva Cámara de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal concita las iras de los operadores que con recursos de la Secretaría de Inteligencia hicieron de ese fuero un protectorado propio y aspiraban a imponer condiciones a la presidente CFK. En la misma nómina puede inscribirse el último dictamen del fiscal Ricardo Nisman. Los servicios de inteligencia no desean someter a verificación judicial las verdades dogmáticas que repiten acerca del terrorismo internacional.

Cambio sin cambios

La denuncia original fue presentada por Cristina Caamaño, encargada en el ministerio de Seguridad de las relaciones con los poderes legislativo, judicial y el ministerio público. Todos los mensajes transmitidos por la presidente CFK a sus colaboradores explicitan que el recambio ministerial no implica abandonar las políticas de control de las fuerzas de seguridad ni las denuncias de actos de corrupción. Por eso, Caamaño fue confirmada en su cargo. El denunciado en este caso fue el subdirector de asuntos jurídicos de la Policía Federal, comisario Marcelo Emilio Pecorelli, por exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de sus deberes funcionales.

Pecorelli habría pedido dinero para defender a policías imputados en causas penales, haciéndolas pasar por actos de servicio. Así, esa dirección asumió defensas institucionales en graves casos de violencia y/o corrupción policial, como el asesinato de dos chicos que fueron enterrados como NN y las causas Cromañón y Mariano Ferreyra. Además, sigue la denuncia, Pecorelli derivaba a su propio estudio jurídico las causas que no podían ser patrocinadas por la Policía, por deberse a actos realizados fuera de las funciones o los deberes del estado policial, y obligaba a trabajar en su estudio particular a personal de su división. Incluso, ejerció en algunos de esos casos la profesión de abogado, lo que era incompatible con su función. También habría acordado con algunos jueces sentencias favorables a sus clientes y pedido dinero a estudios jurídicos para acelerar causas contra la institución por reclamos salariales de agentes policiales. Para completar el cuadro, empleadas policiales señalaron a Pecorelli como acosador.

A raíz de la denuncia, Ramos Padilla le intervino los números telefónicos. Así apareció “en reiteradas oportunidades” el Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones del Crimen Sáenz, en intercambio de favores con el comisario investigado. Sáenz ya había sido señalado en una situación comprometedora hace dos décadas, luego de rechazar el pedido de extradición enviado por Estados Unidos y dejar en libertad al narcotraficante Fernando Pruna Bertot, a raíz de lo cual su superior de entonces, Luis Moreno Ocampo, pidió que fuera apartado del fuero federal.

El 3 de abril de este año, Sáenz llamó a Pecorelli y hablaron de la denuncia contra el policía. Ambos se tutean y el comisario le dice Riki. Pecorelli expresó su preocupación porque el sumario estaba en secreto y le pidió al fiscal que averiguara sobre su contenido.

Sáenz le aclaró que el secreto lo declaró el juez y que el fiscal de la causa, Carlos Velarde, no dependía de él.

“Es como si fuera yo”

Al día siguiente, 4 de abril, Pecorelli y Sáenz volvieron a comunicarse sobre el estado de la causa, e hicieron una cita para encontrarse más tarde.

–Estoy nervioso, estoy hecho un pelotudo –dice Pecorelli.

–Estás boleado, venite tranqui, yo estoy juntado con otros amigos, tranqui, venite –le responde Sáenz.

De las conversaciones entre ellos y con otros interlocutores, se desprende que coordinaron la recusación del fiscal Velarde y la presentación de un recurso de inhibitoria, para que Ramos Padilla dejara de actuar y la causa pasara al fuero federal. Al enterarse de que intervendría el juzgado federal 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, Pecorelli comenta aliviado: “Hay que pelearla, pero ya está, empiezan los amigos ahora”. Otro interlocutor le informa que Rodríguez lo espera a la mañana siguiente.

“Quedate tranquilo, es como si fuera yo”, le aclara. Pecorelli llamó también a la comisaría 17ª y mientras aguardaba que lo comunicaran con el comisario a cargo, conversaba con Sáenz sobre la causa que lo inquietaba y de la que buscaba cómo librarse, desplazando al juez por otro de confianza. Cuando el comisario Pereyra lo atiende, Pecorelli dice:

–Carlitos, ¿te puedo pedir un favor? Está la chica, Victoria, que es la hija del fiscal de Cámara Sáenz, que es amigo mío, que perdió la chapa patente y necesita el certificado…

Pereyra promete solucionarle el problema a la hija de su amigo.

En las escuchas ordenadas por Ramos Padilla, también aparece el fiscal de primera instancia Martín Mainardi, cuyo superior es Sáenz. En la conversación entre ambos se demuestra la intervención profesional de Pecorelli, pese a la incompatibilidad funcional que se lo impedía, como defensor en una causa penal del intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, y su hijo Walter, por una denuncia de violencia de género (“Hugo Curto y otros, s/amenazas”, del juzgado de instrucción 35 de Capital). Mainardi fue el fiscal de la causa, en la que Curto fue sobreseído.

En uno de esos diálogos, Pecorelli y Mainardi combinan para reunirse. Pecorelli acudía a otros abogados que firmaban por él. Uno de ellos es Sebastián Rodríguez Barbaró, hijo del juez federal de Morón Jorge Rodríguez, otro protagonista de las amistosas conversaciones telefónicas de Pecorelli. De esos diálogos surge que el juez de Morón, a quien la Corte Suprema le encomendó parte de la causa por la limpieza del Riachuelo, le pidió a Pecorelli que contratara a su hijo Sebastián, quien trabaja en el Banco Central.

Pecorelli entendía que el hijo no era un abogado con suficiente experiencia, pero sin embargo lo designó en su estudio, y llega a mencionarlo como su “mano derecha”, para congraciarse con el padre, a quien a veces llama con un apenas disimulado “Señor Acumar” y otras con su nombre, apellido y cargo. ACUMAR es el organismo interjurisdiccional Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, creado para la tarea de saneamiento ambiental, una especialidad a la que ha dedicado mucha atención el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien no ha tenido buena suerte con esta causa.

A raíz de la revelación de los negocios turbios del primer juez a cargo, el federal de Quilmes Luis Armella, la Corte le quitó la responsabilidad y la dividió entre Jorge Rodríguez y el juez federal de la Capital Sergio Torres.

Ahora deberá ir pensando una alternativa que pueda controlar mejor. A cambio del empleo para su hijo, el juez de Morón entró en transacciones comerciales con Pecorelli, quien representaba a empresas investigadas por su actividad contaminante.

En una conversación con un empresario al que llama José, Pecorelli le cuenta que ha incorporado al hijo del juez a la defensa de Curto, cosa que, dice, “a la empresa le va a servir”.

José le indica que le deja un sobre con dinero en la fábrica (Larrea 445, de Ramos Mejía, sede de textil Kaury, de Joseph Khoury, el principal grupo productor de indumentaria del mercado argentino) para que Pecorelli le pague “al hijo de Acumar”. José también le manda “algo” a Pecorelli a través de Alfredo, quien dialoga con el poliladro en términos muy explícitos. Alfredo dice que Pecorelli “tiene el contacto con la ACUMAR” y él tiene “otra empresa con la que estoy haciendo un descargo con la ACUMAR”, y le pregunta: “¿Te interesaría mover un contacto ahí, por plata siempre, lógico? El tema es hacer negocios”.

Los pañales:

El juez Rodríguez estaba interesado en que su hijo realizara ese trabajo, para acercarse a Hugo Curto. Con satisfacción, el juez le cuenta a Pecorelli que Curto lo propuso para integrar el Consejo Académico de la sede descentralizada de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” en Tres de Febrero, que el intendente inauguró junto con el gobernador Daniel Scioli y con su ministro, el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, el 13 de mayo.

“La inseguridad es el flagelo más importante que tenemos. Todos tenemos que poner esfuerzos, los servicios de seguridad; la Justicia, acompañando y aplicando el castigo que corresponde; y desde la política estando a la altura de la circunstancia”, dijo Curto.

Scioli instó a combatir “el crimen organizado”. En la misma llamada, el juez Rodríguez cuenta entre risotadas que se reunirá con Curto para comer ese día, y de nuevo al día siguiente, pero con otros intendentes.

El tema: “Los pañales, esos que vos tirás y yo saco… jejejeje”.

Pecorelli: Le dije a Curto que estoy trabajando con el hijo de Jorgito, Sebastián, que tiene letra mía.

Rodríguez: cuando lo vea a Curto le digo, mirá que mi pibe está a disposición en esta historia.

Pecorelli: Ya sabe, ya sabe que está laburando conmigo y que es mi mano derecha.

Aunque se tratan de “Jorgito” y “Peco”, no todo es confianza entre ellos. En diálogo con otro interlocutor sólo identificado como Eduardo, Pecorelli dice que el juez federal de Morón “estaba enloquecido” para que su hijo figurara en la causa de Curto, pero que una vez que lo incluyó, ni el padre ni el hijo le contestaron el teléfono.

“Yo ya le vi la jugada con el Negro [Curto], vamos a tener que manejarnos nosotros y tener cuidado, lo que pasa es que no va a producir nada para nosotros”.

Su interlocutor, Eduardo, le responde:

–Vos tenés que tener cuidado, el Negro [Curto] no es ningún gil, pero él [Rodríguez] va a tomar mucho vuelo con el tema de ACUMAR, yo algo te comenté.

–Yo soy agradecido, pero me llama la atención la desesperación para que figure el pibe, yo tengo otras formas.

Los muchachos de la Asociación:

El 4 de abril, ese mismo interlocutor Eduardo le encarga a Pecorelli la organización de una gran comida con Curto. Pecorelli asiente y agrega: “Yo hablo con Hugo y le digo que también van a venir todos los muchachos de la Asociación de Magistrados”.

En la resolución del martes 4, por la que rechazó el pedido de Luis Osvaldo Rodríguez para que se desprendiera de la causa, Ramos Padilla escribió que las escuchas muestran “una operación tendiente a influenciar a ese magistrado para así de algún modo ver favorecida la situación del imputado” y destacó como un dato no menor “la insistencia con la que el juez Rodríguez me requiere el envío del expediente principal”. Agrega que “se ha orquestado toda una maniobra tendiente a controlar el resultado y la situación procesal de Pecorelli” y sostiene que el procedimiento con el que intentó apartárselo “no es habitual”. Y considera que “son pobres los argumentos esgrimidos por mi colega Luis Rodríguez para reclamar su competencia en los albores de la investigación, por el simple hecho de que el principal imputado se trata de un comisario de la Policía Federal. Al menos podría haber solicitado copia de las actuaciones, para ver el estado de las mismas, y no forzar un procedimiento prematuro que perjudique el avance de una investigación tan delicada. La insistencia y diligencia con que actuó el colega lo ha llevado incluso a reiterar sus reclamos de una manera por cierto incomprensible, en lo que hace a los términos en que se dirige a un juez del mismo grado y la misma jerarquía”, al que le impuso “un plazo de tres días para que le informe sobre el estado actual en que se encuentra el trámite de las actuaciones cuya remisión inmediata me había solicitado. No corresponde el libramiento de un oficio en esos términos ni la imposición de un plazo como si el suscripto fuera un dependiente del juez federal”. Ramos Padilla destaca que cuando Rodríguez era juez de instrucción aplicaba un criterio contrario y defendía su competencia.

Otro criterio:

El caso en el que Luis Osvaldo Rodríguez aplicó un criterio contrario fue la causa por el intento de soborno al juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Eduardo Riggi, para que no procesara a José Pedraza y dejara en libertad a los autores materiales del asesinato del estudiante Mariano Ferreyra.

Los personajes se repiten: la primera fiscal en la investigación del crimen fue Cristina Caamaño.

De ese expediente, que instruyó la jueza Wilma López, se desprendió otra causa, por los sobornos para comprar impunidad.

Los involucrados allí, además del ex líder ferroviario eran el ex relator de Riggi, Octavio Aráoz de Lamadrid, el jefe de sorteos de la Cámara designado por Riggi, Luis Ameghino Escobar, el vicepresidente del Belgrano Cargas, Angel Stafforini y el agente de Inteligencia Juan José Riquelme.

Ramos Padilla recuerda que en setiembre de 2012, Luis Osvaldo Rodríguez se negó a desprenderse de la causa, pese a que Ameghino Escobar y Riggi eran funcionarios del fuero federal, como los otros dos jueces de la misma sala, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, a quienes el fiscal había solicitado extender la investigación y que tuvieron la prudencia de renunciar, mientras Riggi aún resiste.

Rodríguez recién dictó los procesamientos cuando el Senado iba a tratar su traslado de instrucción al fuero federal, pero cuando su injustificada demora ya había hecho perder los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días.

Pero ni aún así Rodríguez alcanzó a Riggi con el procesamiento. En la audiencias senatorial, Rodríguez admitió ser amigo y compadre de Javier Fernández, aunque dijo que nada sabía de una red judicial paralela ni de la Secretaría de Inteligencia. Tanto Riggi como Javier Fernández y Luis Osvaldo Rodríguez forman parte del círculo de confianza del miembro cooperador del Opus Dei, Rodolfo Carlos Barra. La única diferencia apreciable entre aquel caso y éste es la forma de proteger a los acusados.

Entonces servía mantener el expediente en el fuero ordinario, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez.

Hoy, en cambio, la mejor defensa de Pecorelli es extraerle la causa de instrucción a Ramos Padilla y depositarla en las amistosas manos de Rodríguez, que en cualquier fuero cumple.

Viejos amigos:

Mientras, se dilata el trámite de juicio político contra Riggi.

El procesamiento del resto por tráfico de influencias, dispuesto por Luis Osvaldo Rodríguez y confirmado por la sala IV de la Cámara del Crimen, protege al camarista de un juicio penal, tal como dijo el propio Riggi en su descargo ante el Consejo de la Magistratura, ya que para traficar influencias no hace falta que quien toma la decisión sea parte de la maniobra.

Pero la insuficiencia probatoria para una condena penal no borra los actos impropios de un juez que cometió Riggi. Riquelme y Aráoz de Lamadrid, que ahora están procesados como socios en este delito, creen hablar a solas:

Riquelme: La buena noticia es la del señor de las teclas [Ame-ghino Escobar, quien logró digitar el sorteo].

Aráoz de Lamadrid: Sí, sí, sí, eso salió perfecto. Es la sala de nuestro amigo.

Riquelme: ¿De Eduardo?

Aráoz de Lamadrid: Sí, lo hicimos.

Riquelme: ¿En la sala de Eduardo están Liliana [Catucci] y Angela [Ledesma]?

Aráoz de Lamadrid: No, Wagner [Gustavo Mitchell].

Riquelme: ¿Wagner va a hacer lo que le diga Eduardo?

Aráoz de Lamadrid: Sí, exactamente. Esa es la idea.

Una vez asegurado el sorteo a favor de su sala, Riggi acordó reunirse con Riquelme el 3 de febrero de 2012.

La reunión no se realizó, debido al allanamiento al estudio de Aráoz de Lamadrid, donde se secuestraron los 50.000 dólares para el soborno.

Esto cortó la cadena e impidió probar hasta dónde llegaba. No parece que eso haya sido casual, ya que Ámbito Financiero filtró el allanamiento antes de que se produjera (www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=565708).

Pero el 11 de febrero, Riggi volvió a hablar con Riquelme, esta vez sobre lo preocupados que estaban por la repercusión mediática de la causa de sobornos.

En su descargo ante el Consejo, Riggi admitió una vieja amistad con Riquelme y reveló la antigüedad del nexo entre la Secretaría de Inteligencia y los jueces. Explicó que hace más de veinte años Riquelme organizaba cursos para jueces en la escuela de inteligencia, cuando la dirigía el almirante Alberto Varela [un ex colaborador de Massera en el SIN, promovido por Menem].

Según Riggi, “se realizaban almuerzos y cenas para afianzar lazos entre los magistrados y fiscales que participaban de los cursos y Riquelme era la persona encargada de convocarlos, el nexo”.

Agregó que Riquelme ejercía “relaciones públicas en ámbitos de sindicatos, políticas y del clero”.

En otra conversación grabada en la causa, Riquelme le cuenta a Aráoz de Lamadrid una discusión en el sindicato sobre la plata a poner para el soborno y dice que él le sugirió a Pedraza que dijera en la comisión directiva que harían lo que ya les salió bien en la causa del hospital ferroviario, pero esta vez sin mencionarlo a él, porque nadie debía conocerlo.

En su descargo, Riggi dijo que nunca intervino en esa causa. En cambio, omitió su decisiva firma, esta vez junto con Angela Ledesma y Guillermo Tragant, en mayo de 2008, para anular el procesamiento de Pedraza por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y su embargo por 50 millones de pesos.

El fallo de Cámara confirmando el procesamiento había sido unánime (Mariano González Palazzo, Carlos González y Alberto Seija), pero Pedraza había recusado a González Palazzo y esto fue suficiente para que Riggi y sus colegas anularan todo lo actuado y dejaran libre de culpa y cargo a Pedraza. No siempre todo sale tan fácil.

OBS: Estos son pormenores de un segmento de la enorme cadena de corrupción, que involucra a jueces, policías, funcionarios políticos y fiscales.

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Una respuesta to “TRAMPAS, TRAMAS y ENTUERTOS de funcionarios, policías y jueces en Argentina 2015: ilegalidad explícita con participación de jefes policiales, dirigentes políticos, servicios, jueces y fiscales.”

  1. FILATINA Says:

    Reblogueó esto en Caso Nismany comentado:

    Pormenores de un segmento de la enorme cadena de corrupción, que involucra a jueces, policías, funcionarios políticos y fiscales.

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