Cuáles son las claves de la acusación de Nisman a la Presidenta según publicó Perfil.com

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El fiscal federal Alberto Nisman, encontrado muerto esta madrugada en su domicilio, presentó el miércoles pasado un escrito de 300 carillas con fuertes acusaciones contra la presidenta Cristina Kirchner para sustentar su pedido de indagatoria por “encubrimiento” de la causa AMIA.

Los siguientes son los párrafos más destacados de la acusación del fiscal Nisman a la jefa del Estado, presentado ante el juez federal Ariel Lijo:

“La Sra. Presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán”.

“El plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner, involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan”.

“Durante todo el mandato de Néstor Kirchner y parte de la primera presidencia de Cristina Kirchner, el caso AMIA fue considerado una política de Estado, el respaldo a la investigación fue completo, se rechazaron todos los ofrecimientos de Irán de acordar salidas políticas al caso judicial y comercial con Irán era considerado, sin mas, -casus belli- (motivo de guerra). Sin embargo, en enero de 2011, esto es, apenas un par de meses después de la muerte de Néstor Kirchner, todo cambió”.

“El caso AMIA dejó de ser una política de estado para convertirse en un fusible de ajuste, una pieza descartable, para lograr el restablecimiento de la relación comercial bilateral con Irán. Así comenzó a negociarse la impunidad. El mayor opositor a esa impunidad, Néstor Carlos Kirchner, había fallecido”.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, tanto Cristina Fernández como su canciller “entendieron que había operado un cambio en la situación geopolítica internacional que tornaba necesario dejar de lado las imputaciones contra ciudadanos iraníes en la causa AMIA por su participación en el atentado: evaluaron que estaban -en otro país-, que era -otra situación mundial- y que había -que trabajar en otro contexto-, es decir, el nuevo escenario internacional exigía fabricar un nuevo culpable del caso AMIA, distinto a Irán, cuyos funcionarios se encuentran seriamente comprometidos por las pruebas judiciales”.

“Todo estaba arreglado y acordado: se sacrificaría la justicia en el caso AMIA para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de ambos países, pero fundamentalmente de Argentina”.

“El primer paso registrado de esta maniobra criminal fue la reunión secreta mantenida en enero de 2011 entre los cancilleres de Irán y Argentina en la ciudad siria de Alepo, ocasión en la que el Ministro Timerman transmitió a Irán -en la persona del Canciller Salehi -la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA. Esto significó un giro de 180 grados en la política que se venía sosteniendo desde el año 2003”.

“En noviembre de 2012, con anterioridad a la firma del Memorando de Entendimiento, personal de la Secretaría de Inteligencia con directa vinculación a la Presidente y/o sus más estrechos colaboradores, se hallaba abocado clandestinamente al armado de una pista falsa que, de modo creíble, acusara a una -conexión de fachos locales- u a otros responsables inventados, solo para reemplazar a los imputados iraníes, en contraposición a lo que indica la prueba judicial. Del armado de la hipótesis fraguada participó el ex fiscal de la causa AMIA, Héctor Yrimia, quien aportó valiosa información para -acomodar toda la historia- y darle verosimilitud, dado que contaba con conocimientos precisos del expediente judicial”. “Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercase geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas. Para ello, el Canciller Timerman celebró acuerdos secretos con Teherán, que luego fueron reconocidos públicamente por el ex canciller iraní Salehi, y se comprometió a dar de baja las notificaciones rojas de los terroristas iraníes prófugos, circunstancia que no pudo cumplir por la firme negativa de Interpol”.

“Además, se descubrió que la maniobra criminal incluyó el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados”.

“El gobierno instaló y se valió de una diplomacia paraestatal, integrada -cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D-Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge -Yussuf- Khalil”.

“Estos canales paraestatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge -Yussuf- Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán”.

“Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se hamantenido incólumne hasta la fecha”.

“El resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como públicas, fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el referido memorando, que no fue -en realidad- el inicio sino la culminación de una maniobra criminal que ya llevaba más de dos años de ejecución”.

Pero Interpol se negó a dar de baja las capturas rojas de los iraníes, lo cual “se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los iraníes”.

“En los meses de septiembre y noviembre de 2013, Timerman continuó intentado subsanar la inesperada vigencia de las notificaciones rojas (…).Por fortuna tampoco entonces pudo lograr su cometido. Este revés no desarticuló la operación de encubrimiento montada por las autoridades argentinas denunciadas”.

Hubo una “contribución personal, tanto la Sra. Presidente como su Canciller, al perfeccionamiento del plan criminal. Ambos se involucraron en una campaña política y mediática caracterizada por toda una artillería de falsedades, de promesas que estos funcionarios sabían perfectamente que nunca cumplirían, de puestas enescenas y demás estrategias comunicacionales falaces, cuyo único objetivo fue predisponer favorablemente a la opinión pública”.

“La Dra. Fernández y el Sr. Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares de las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando una completa artillería de mentiras, falacias y engaños que tuvieron su ejemplo emblemático en la promesa presidencial, flagrantemente incumplida, que aseguraba una consulta con familiares y víctimas, previo a la aceptación de cualquier propuesta por parte de Irán”.

“Entre los graves hechos verificados en la denuncia se destaca que la Sra. Presidente se valió de personal de la Secretaría de Inteligencia, de su confianza, para colaborar en la ejecución de la maniobra criminal. El personal de inteligencia involucrado en el caso manipuló pruebas, personas y participó activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar ilegalmente el curso de la causa judicial, desincriminar a los acusados iraníes y -al mismo tiempo- acusar falsamente a terceros inocentes, atribuyéndoles con pruebas fraguadas la responsabilidad por el atentado”.

“A pesar de lo manifiestamente ilegal de estas acciones, el personal implicado jamás se preocupó por ocultar su identidad y/o su proceder, lo que demostró que estaba actuando por orden presidencial”.

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