Sobre una CAUSA BONAFINI SHOCKLENDER por corrupción.

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En ese sentido, el radical consideró que “los informes de la AGN que Capitanich denigra, son realizados con rigor y gran capacidad por sus técnicos” y consideró que “el informe sobre Sueños Compartidos fue aprobado por unanimidad con el apoyo de todos los Auditores Generales, entre ellos los oficialistas”. “La Corte Suprema subrayó el prestigio de la AGN, Capitanich intenta denigrarla”, remató Despouy. 

Es un informe muy contundente, muy consolidado y completo si bien es cierto que trata temas muy complejos porque tiene que ver con la construcción de viviendas como con la ruta de dinero, las transferencias de dinero que se hicieron para ese programa”, agregó luego Despouy en declaraciones a radio Nacional Rock. “Ha habido un manejo totalmente fraudulento de los fondos y que están muy documentados“, sostuvo.

Además, afirmó que “es importante porque va a permitir que la causa que se estancó momento hace 3 años pueda prosperar y desarrollarse”. “Esa causa estaba prácticamente sepultada. Hay elementos muy claros para establecer responsabilidades de orden civil como penal porque realmente ahí va a encontrar elementos muy claros sobre el desempeño de quienes tuvieron la administración de la fundación para el programa Sueños compartidos, en este caso los hermanos Shocklender, tesoreros y los que tenía el manejo de los fondos”, lanzó.

Sorprende cómo en un país puede haber personas que sin ningún tipo de control propia legal de las autoridades nacionales puedan manejar esos fondos sin control. Eso es lo que muestra el informe que tiene muchísimas aristas, abarcamos una investigación que abarca varias provincias y va describiendo en cada una cuáles han sido las dificultades, la modalidad, las imperfecciones”, dijo también Despouy.

El titular de la AGN aseveró que “en el Banco Central encontramos una resistencia injustificada” para brindar información y aseguró que “no hubo colaboración de autoridades que podían haber dado datos”. 

“Este informe aporta la forma en que el Estado nacional transfería los fondos, los montos transferidos, la ausencia absoluta de control por parte de las autoridades nacionales. Este programa implicaba convenios por 1.300 millones. Había gran parte del movimiento de esos fondos que se pagó a personas jurídicas y físicas que no estaban vinculadas al tema de la construcción. La cantidad de empresas agropecuarias o cereales que recibían e intercambiaban cheques con Pablo o Sergio o fondos de la fundación para evidentemente actividades que anda tiene que ver con la construcción”.

Capitanich en la AGN “son opositores que hacen informes para criticar al Gobierno”, al tiempo que defendió el programa de construcción de viviendas sociales que el Gobierno pactó con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que derivó en una megacausa judicial en contra de sus exapoderados Sergio y Pablo Schoklender, entre otros

La AGN presentó ayer a pedido de la Justicia un informe sobre el programa de construcción de viviendas sociales que el Gobierno pactó con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que derivó en una megacausa judicial en contra de sus exapoderados Sergio y Pablo Schoklender, entre otros

Pagos presuntamente irregulares a funcionarios, deudas previsionales con obreros, desembolsos a personas ajenas a los emprendimientos e incumplimientos en los plazos de las obras fueron algunas de las inconsistencias halladas, según el informe. 

“El manejo del dinero ha sido poco transparente. Hubo pagos por 225 mil pesos a funcionarios públicos (de Nación y provincias) que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones”, advirtió ayer Despouy al presentar el estudio del organismo auditor. Acotó que “más de 36 millones de pesos en cheques” fueron emitidos por la fundación que lidera Hebe de Bonafini a nombre de los hermanos Schoklender y que debían tener como destino la construcción de viviendas sociales como parte del programa Sueños Compartidos que el Estado les encargó a las Madres. Despouy precisó que entre los funcionarios supuestamente involucrados figuran los ahora expresidentes de los institutos de la vivienda de la Capital Federal Claudio Freidin, y de Santiago del Estero, Daniel Nasif.

El informe aludió a pagos millonarios a “personas físicas, en forma sistemática, con cheques por sumas inferiores a 50 mil pesos cobrados por ventanilla”, una modalidad que fue el centro de la investigación que llevó adelante el juez federal Norberto Oyarbide hasta ser apartado por la Cámara Federal luego de criticar con dureza su método de trabajo. En la actualidad las causas sobre las obras y en contra de los Schoklender se encuentran en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

“Una sola persona cobró la suma de 4 millones de pesos mediante 85 cheques”, señala el estudio. Agrega que los plazos de construcción fueron incumplidos en el 77% de las obras hasta principios de 2011, cuando le fueron quitadas a las Madres y entregadas a las administraciones de cada distrito. Sobre ese punto, la AGN agregó que sólo el 30% de las obras fueron terminadas y demandaron la ejecución del 70% de los fondos previstos para la totalidad. “No pudo demostrarse la aplicación total de los fondos transferidos por el Gobierno nacional”, añadió el estudio.

Entre otros puntos, se objetaron las contrataciones directas (no hubo licitaciones); la cesión de algunas obras de las Madres a empresas privadas; la falta de pago de aportes a la seguridad social de los trabajadores y del depósito del fondo de desempleo de la actividad, y el carácter precario de los documentos que aseguran la tenencia de las viviendas.

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