CASOS RECIENTES DE CORRUPCIÓN

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Informe de la AGN sobre Sueños Compartidos, complica a Schoklender

 La auditoría de la AGN reveló que el ex apoderado de Madres se adjudicó $ 23 millones, su hermano Pablo 13 y Meldorek otros 4,4.

 La responsabilidad de Sergio Schoklender en las irregularidades en el manejo de los fondos del suspendido programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos quedó más expuesta todavía. La Auditoría General de Nación (AGN), conducida por el radical Leandro Despouy, presentó un informe con duros cuestionamientos a la gestión de Schoklender al frente plan, que hasta mediados de 2011, impulsó la Fundación Madres de Plaza de Mayo. 

Uno de los datos que arrojó el documento, que también señaló grandes deficiencias en los controles del Estado nacional y los municipios, remarcó que el ex apoderado de la Fundación se auto adjudicó pagos por 23 millones de pesos, que su hermano Pablo obtuvo 13 millones, y que la constructora que ambos tenían, Meldorek, se alzó con 4,4 millones. “En ninguno de los casos el desembolso estuvo vinculado a la gestión de una obra que se haya podido probar”, sentenció el informe.  
El extenso escrito muestra el resultado del seguimiento que la Auditoría hizo sobre Sueños Compartidos desde el año 2005, cuando el programa se inició, hasta el primer semestre del 2011, momento en el que quedó suspendido por el inicio de la causa judicial por las supuestas irregularidades. El relevamiento del organismo de control no se hizo sobre el total del programa sino sobre  una muestra de 2754 proyectos de los 4757 que preveía el plan. 
Algunos números que expone el documento en sus conclusiones, siembran un mar de sospechas sobre el manejo de los recursos. Señala que de los fondos recibidos por el plan se ejecutaron el 70%, pero que las viviendas terminadas fueron sólo el 30 por ciento. Puesto en dinero contante y sonante la cifra sería así: sobre la revisión de lo que se hizo con 779 millones de pesos, de los 1295 que recibió Sueños Compartidos, “sólo pudo comprobarse una inversión concreta por 541 millones”. Del resto, unos 240 millones, no fue posible identificar “con claridad” el destino que tuvieron. 
El órgano conducido por Despouy remarca también irregularidades en la relación de la Fundación con los 7100 obreros que trabajaron en Sueños Compartidos. Indica que “no se cumplió el convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación”. Se refiere a un acuerdo por el cual, la cartera laboral, le transfirió a la Fundación  un apoyo económico para los trabajadores por 54 millones en cuatro años, es decir, 600 pesos por mes por cada trabajador, a cambio del “compromiso de respetar todas las obligaciones laborales y previsionales”. En ese sentido, el escrito de la AGN remarca que “no se realizó el pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social”  y que dicha  deuda “asciende a 237 millones de pesos”. 
La Auditoría no ahorró críticas al Estado nacional y los municipios en los que se realizaban los proyectos. Señala que “en todas las obras relevadas, la frecuencia de inspecciones fue esporádica e irregular”. Cuestiona la ausencia de “el libro de órdenes y servicios” y la falta de “actas de inspección” sobre los incumplimientos de los “plazos contractuales”. Además, “no se aplicaron las sanciones que correspondían: suspensión y, eventualmente, la expulsión”.
 
LA CAUSA. Las irregularidades en el plan Sueños Compartidos forman parte de una causa judicial que comenzó en el segundo semestre de 2011 con Sergio Schoklender como protagonista central. Hoy el expediente está en manos del juez Federal Marcelo Martínez de Georgi. 
En rigor, el proceso no se ha movido demasiado desde marzo del año pasado. A principios de ese mes, Schoklender recuperó la libertad por decisión de la Sala I de la Cámara Federal. El ex apoderado de Madres estaba detenido desde el 15 de febrero de 2013 por decisión del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado lo había procesado como jefe de una asociación ilícita que desviaba los fondos que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir las viviendas. Entre los argumentos que había expuesto Oyarbide para encarcelar a Schoklender figuraba su “desapego por colaborar con la investigación” y el hecho de que “no dijo la verdad cuando declaró”. Pero la Cámara revocó la detención al señalar que no había argumentos que indiquen que el ex apoderado se fuera a fugar ni que fuera a entorpecer la investigación.  «
 
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