SOMETIMIENTO AL PODER FINANCIERO INTERNACIONAL CON COMPLICIDAD LOCAL.

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Nuevo sometimiento al poder financiero.

Por Alejandro Olmos Gaona (INFOSUR).

El día 8 de octubre el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, firmó la decisión administrativa 830, publicada el día 18 en el Boletín Oficial, por medio de la cual decide reasignar partidas presupuestarias (modificar el presupuesto) para el pago de deudas por más de 600 millones de dólares con diversas empresas que litigaron contra la Argentina en el CIADI. La quita será del 25%, y el capital adeudado con más sus intereses, se pagará en Bonos emitidos en dólares estadounidenses con vencimientos en el año 2015 y 2017. Además las acreedoras, suscribirían BAADE, por el 10% del reclamo.
Aunque la operación pudiera ser cuestionada, ya que significa transferir a futuros gobiernos el pago de obligaciones eventualmente impugnables, ello no sería materia de ilícito alguno, pero el caso es que aquí se ha continuado con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, debido a las conexiones comerciales de los involucrados con funcionarios del gobierno, y al hecho de que no se paga a los supuestos acreedores, sino a fondos de inversión que compraron los litigios. Estos fondos fueron creados por el Fondo Gramercy Funds Management, un fondo buitre, con el que el gobierno negociara en el año 2010 y que en asociación con la consultora Arcadia, motorizaron el canje de deuda del año 2010, asociados a bancos extranjeros, habiendo comprado títulos de la deuda externa a precios de remate.Cabe consignar, que el Grupo Gramercy, es a su vez controlado por accionistas de las compañías petroleras británicas que están explorando en la plataforma continental, con lo cual en esta operación de pago, se estaría violando la Ley 26659, que prohíbe en forma expresa ese tipo de negociaciones.Que tal como lo dice la Decisión del Jefe de Gabinete de Ministros, no se está pagando a CMS Gas, Vivendi Universal, Compañía de Aguas del Aconquija y Azurix, sino a las compañías CC-WB HOLDINGS LLC, NG_UN Holdings LLC, ambas empresas que fundara y registrara Gramercy, y también Blue Ridge, otro fondo buitre. El que firmara documentos de la compra de los litigios es James Taylor, Director del Departamento de Asuntos Legales de Gramercy.

Gramercy es un líder reconocido en el negocio de inversiones en mercados emergentes, particularmente de América Latina, habiendo reestructurado bonos por alrededor de 2.700 millones de dólares en el año 2010, cuando se suspendió la llamada ley cerrojo. Es un emergente gestor de inversiones con oficinas en Londres, Singapur, Hong Kong y México, busca ofrecer a sus inversores una rentabilidad superior a la común. Sus especializaciones son ciertas clases de activos como deuda externa, deuda corporativa de alto rendimiento. Deuda en dificultades y otras.

Algunos datos permiten afirmar que una especie de asesor del entonces Ministro de Economía Amado Boudou, fue el Licenciado Gustavo Ferraro, quien jugó un papel clave en la reestructuración de los bonos del año 2010. Ferraro había trabajado en Barclays Capital, uno de los participantes del canje de esa fecha, y antes en la banca de Inversión Salomon Smith Barney’s. Dado su conocimiento de la Argentina y de América latina, también estuvo en Lehman Brothers Investement Banking, como jefe de su oficina en Buenos Aires, y antes en el Citibank de San Pablo.

Todas estas referencias, muestran el grado de relaciones que existen entre los grupos financieros citados y los tenedores de bonos reestructurados, además del perfecto conocimiento que tenían a través de las distintas vinculaciones oficiales, de las decisiones gubernamentales, que les permitieron comprar bonos depreciados, para obtener ingentes ganancias, lo que supone claramente un tráfico de influencias en el que se involucraron funcionarios del Ministerio de Economía.

Estos hechos nuevos, nos permiten apreciar todo un tejido de influencias financieras en torno a los bonos de la deuda pública, y como ahora como esas influencias se extienden a los negocios de las causas litigadas en el CIADI, lo que abre la puerta para nuevas operaciones, donde los fondos de inversión son siempre los mismos, y los supuestos descuentos, quedan neutralizados, por el valor irrisorio de compra de ciertos activos.

A esto se suma que Gramercy, tiene como accionista a Black Rock, que es a su vez accionista de petroleras que operan en las islas Malvinas, como Rockhopper, Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, teniendo en ésta última el 49% del capital accionario, lo que supone la violación de lo establecido por la Ley 26659 que estableció la prohibición a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas a:

1.- Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente.
2.- Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido la habilitación emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos.

3.- que el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad competente argentina.
Nada de eso ha ocurrido, porque las explotaciones se siguen haciendo en violación a la Ley argentina y ahora el gobierno nacional acuerda litigios con fondos que tienen vinculaciones con las petroleras, todo lo cual debería ser materia de una exhaustiva investigación a los efectos de determinar las responsabilidades penales emergentes de tales actos.
Una vez más los discursos de soberanía económica, de supuestos enfrentamientos con el poder financiero, se cae ante las evidencias. Pareciera que los buitres dejan de serlo, cuando negocian operaciones muy rentables para ellos con el gobierno, y se convierten en feroces aves de rapiña cuando litigan en los tribunales de Nueva York.

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