Posibilitadores de mafias desde el gobierno impulsan ley contra las protestas sociales que permitirá acciones violentas contra la gente que quiera protestar. Todo lo que se consiguió fue a través de actos públicos de protesta y propuesta,y ahora se pretende cercenar esa posibilidad de defenderse de las contaminaciones y atropellos oficiales o megaempresarios.

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Ley antiterrorista:

LEY DE PERMISO PARA EL TERRORISMO DE ESTADO.

Favor a las multinacionales y criminalización de la protesta social.

Impulsada por el gobierno nacional que se dice democrático y popular, perjudicando a la gente.

20122011
La Alameda y el MTE convocan a todos los luchadores y organizaciones a sumarse este miércoles 21 de diciembre, a las 20 hs, al acto en las puertas del Ministerio de Justicia (Sarmiento 329), para repudiar a este organismo que parió el engendro del proyecto de ley antiterrorista.

Ley antiterrorista: A pedido de las multinacionales y para criminalizar la protesta social

Una de las ultimas acciones como Jefe de Gabinete de Aníbal Fernández fue enviar al Congreso la ley antiterrorista que ya tiene media sanción en diputados y está a punto de ser convalidada en el Senado. Lo hizo a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esa ley, se lesiona gravemente la soberanía nacional siguiendo los dictados del imperialismo y se criminaliza gravemente la protesta social.
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es un organismo multilateral que funciona en las mismas oficinas que la OCDE, una organización económica internacional que agrupa únicamente a los países ricos. No depende de la ONU sino que es un ente directamente dominado por los gobiernos de las principales potencias. Es como el FMI pero en vez de imponer políticas macroeconómicas impone legislación penal a tono con los intereses estratégicos del imperialismo en los distintos países del mundo. En su último reporte del GAFI, fechado el 28 de octubre de 2011, de GAFI sobre Argentina indica que “en junio de 2011 Argentina realizó un compromiso político de alto nivel para trabajar en forma conjunta con GAFI para superar sus deficiencias en lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde entonces, ha tomado medidas para mejorar su régimen, entre otros…enviar un proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo al congreso nacional”.
La norma, que ya cuenta con media sanción de la cámara de Diputados con 134 votos a favor, incorpora al Código Penal el artículo 41 quinques, que establece:
“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional” (las negritas son nuestras)
Si bien la primera proposición del artículo es oscura por la amplitud de la voz “aterrorizar”, la segunda oración no es ambigua, es clarísima: cualquier acción que se cometa con la finalidad de “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, podría ser considerado un delito “terrorista”. La escala penal para ese delito se duplica tanto en su mínimo como en su máximo.
Este aumento en la escala penal, además de ser un claro disuasivo para las luchas populares, trae aparejado un riesgo grave y efectivo: el de prisión preventiva para los supuestos terroristas, es decir, cárcel sin condena firme para los luchadores sociales que sean procesados. No olvidemos que en la argentina hay más de 4000 procesados por supuestos delitos cometidos en protestas sociales, generalmente delitos leves y excarcelables que terminan en sobreseimientos, pero que con la nueva legislación se agravan a punto tal que muchas situaciones los compañeros serían pasibles de sufrir prisión preventiva.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados es similar en su redacción a la derogada Ley 20.840 de Seguridad Nacional sancionada a instancias de López Rega, derogada con el retorno de la democracia. Solo se diferencia en que no establece los supuestos de “subversión económica” que eventualmente podrían afectar intereses de grupos económicos concentrados y se limita exclusivamente a criminalizar la protesta social. También es dable destacar que el proyecto nada tiene que ver con los compromisos asumidos por nuestro país ante las convenciones de la ONU.
La ONU establece en su convención de 1999 que se considerará terrorismo a “Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.”
Si se compara con la redacción del actual proyecto con la convención de la ONU se verá que claramente la muerte, la lesión corporal, el conflicto armado desaparecen del texto y sólo se alude a cualquier presión en general hacia el gobierno o autoridad estatal a que desista de aplicar tal
o cual política, con lo cual se pasa a criminalizar abiertamente la protesta social. De este modo, con la nueva ley un piquete por alimentos y planes sociales, la ocupación de un edificio para exigir la homologación de una Convención Colectiva de Trabajo, el corte de una ruta para defender los recursos naturales contra la mega-minería o las privatizaciones o un escrache para exigir la remoción de un funcionario corrupto entre otras demandas, serían pasibles de ser caratulados como actos terroristas.
Lo más patético es que en nada se avanza en la lucha contra la corrupción, evasión fiscal o el crimen trasnacional organizado, verdadero azote de los Pueblos que se utiliza como excusa para aprobar esta legislación anti-popular y colonial. Más aún, en la ley de lavado se elimina la figura de lavado agravado cuando es cometido por un funcionario público, con lo cual se encubren a los amigos que se siguen llevando vueltos aprovechando lugares estratégicos en el Estado mientras se prepara leña contra las organizaciones sociales y sindicales.
Todo este conjunto de normas, medidas y declaraciones del oficialismo no tienen nada que ver con las exigencias de la ONU, sino con la de los países imperialistas y con los apetitos locales de acallar y criminalizar la protesta social contra el saqueo de los recursos y los futuros ajustes.
Se trata de una traición por doble partida: porque introduce el disciplinamiento social exigido por las grandes multinacionales que saquean nuestros recursos como la Barrick Gold y porque siembra un manto de sospecha y persecución sobre las organizaciones sociales. En Chile se ha usado una ley similar para criminalizar las protestas del pueblo Mapuche que luchan por la tierra y contra el saqueo de los recursos naturales.
Por tal motivo, la Alameda y el MTE convocan a todos los luchadores y organizaciones a sumarse a ganar las calles antes que sea tarde. Para ello realizaremos este miércoles 21 de diciembre, a las 20 hs, un acto de repudio al proyecto de ley en las puertas del Ministerio de Justicia (Sarmiento 329), que es el organismo que parió semejante engendro.
La Alameda – Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE)
Contactos:
Gustavo Vera 15 6158 4835
Juan Grabois 15 6384 3877

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