Secretario de Ambiente. Ni MEDIO. En su discurso de nombramiento lo dejaba traslucir.

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martes 6 de enero de 2009

Estudio del actual Secretario de Medio Ambiente, presentó recurso extraordinario por arbitrariedad e inaplicabilidad de la ley en el Caso Diacrom.

En 1997, María Luz Ledesma, una vecina de Carapachay, empezó la pelea judicial cuando ella y su marido se enfermaron de cáncer. El Estudio Bibiloni, perteneciente al secretario de ambiente de la Nación, quedó en medio de la polémica. El estudio jurídico del actual secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, aparece involucrado en la apelación –planteada a fines de agosto del 2008– de un fallo que condena a la empresa Diacrom (dedicada al cromado de metales en Carapachay) por contaminación en el agua de la zona norte del conurbano, ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. “El secretario de Ambiente no defiende a los vecinos contaminados, sino a las empresas contaminantes”, lo acusa Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y patrocinante de la Fundación Eco Sur en la causa del agua turbia que podría afectar a más de un millón de personas en Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín ordenó, el 25 de julio de 2008, que Diacrom y la Provincia de Buenos Aires realicen –en un plazo de 180 días– un plan de re sanación ambiental. Si esa sentencia se hubiera cumplido, a más tardar a fines de este mes tendrían que comenzar las obras para evitar la filtración de cromo en el río subterráneo de Vicente López y zonas aledañas. Pero las canillas con cromo siguen chorreando y las obras para poner fin a la contaminación del agua están frenadas.
El 27 de agosto pasado la Fundación Eco Sur se notificó de que Fernando Javier Cornejo, el abogado apoderado de Diacrom, “constituyendo domicilio en Plaza Olazábal 133 de La Plata (estudio Bibiloni-Cornejo) presentó ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires un recurso extraordinario por arbitrariedad e inaplicabilidad de la ley. En ese escrito pidió que la sentencia (que obligaba a realizar el saneamiento del agua) sea dejada “sin efecto en todo cuanto ha sido materia recursiva”. En otras palabras, reclamó que la empresa fuera liberada de culpa y cargo.


“Es grave que el estudio de Bibiloni firme esa presentación que dilató la posibilidad de sanear el agua y evitar potenciales enfermos de cáncer”, remarca Aguilar. Por su parte, el funcionario se defiende: Bibiloni niega que Diacrom haya sido cliente de su estudio. Pero admite una esporádica intervención en la disputa entre la Fundación Eco Sur y la empresa de cromado para que se llegara a un acuerdo monitoreado por la Universidad de La Plata. El sucesor de Romina Picolotti asegura que ésa fue su única actuación en la contienda judicial por la contaminación del agua de zona norte.
Sin embargo, el Estudio Bibiloni aparece mencionado en la presentación hecha ante la Suprema Corte para que el máximo tribunal bonaerense frene la orden de reparar los daños causados por la contaminación. El secretario de Ambiente afirma que el nombre de su estudio aparece en el escrito ya que, por reglas de cortesía entre abogados, le prestó su domicilio procesal a Fernando Cornejo.
Bibiloni no era funcionario del Poder Ejecutivo en el momento de esa apelación. Pero tampoco era un abogado improvisado. En ese momento, se desempeñaba como subsecretario Legal y Técnico de la municipalidad de La Plata y tenía experiencia en gestión ecológica: entre 2003 y 2004 estuvo a cargo de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Biodiversidad y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Ambiente de la Nación. También había sido asesor de diversos municipios bonaerenses y agente judicial de Obras Sanitarias y cuenta con un máster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco.
Sus actuaciones como abogado no son imputables como faltas a la ley. Pero sí hay una polémica ética. ¿Un renombrado abogado ambientalista presta su dirección procesal sin conocer que el nombre de su estudio va a respaldar un escrito, ante la Suprema Corte bonaerense, para intentar tirar abajo un caso testigo de contaminación?

Referencia: www.criticadigital.com

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