Alianza de universidades públicas con multinacionales. Adjuntamos:
- documentos emitidos por la Asociación Gremial Docente de la UBA analizando dos modelos de universidad en confrontación;
-carta de investigadores destacados al rector Hallú en 2009,
- Voces de alerta de la Red de Intelectuales y Artistas de la Argentina,
- envío de la Red Biodiversidadla, donde analiza los documentos secretos de la multinacional Monsanto con la Universidad de Lomas de Zamora,
- dos videos que recogen Psicólogos en Frente, Minoría por el Claustro de Graduados de la Facultad de Psicología de la UBA, donde se muestra la manera autoritaria e ilegítima en que se realizó la reelección de esta gestión de gobierno (Hallú y sus adláteres) hace un año (y de vigencia hasta el 2014), gestión propulsadora de la compra, entre otras cosas, del histórico cine Cosmos con dineros provenientes de la aceptación de fondos originados en negocios dañinos para la sociedad argentina. Sugerimos a las/los especialistas realizar una lectura de género de los cuerpos que se ven en la asamblea, ante la denuncia de estudiantes de que la policía estaba reprimiendo y prohibiendo la entrada de consejeros estudiantiles con legitimidad de mandato… Los reprimidos y golpeados fueron estudiantes que denunciaron el año pasado la impunidad.
2009: AGDUBA
Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto de 2009 para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará, entre otras cosas, para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti López, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.
Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.
Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.
La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias.
Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.
Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.
Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la conclusión que <la Mina no contamina>. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.
Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.
Desde este espacio convocamos a todos los docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, de DDHH, organizaciones ambientalistas, y a toda la comunidad educativa a participar de una concentración y una radio abierta sobre el Rectorado de la UBA el próximo miércoles a las 8 hs en Viamonte 430 a movilizarnos para exigir que las autoridades rechacen los fondos de las Minas contaminantes.
Buenos Aires, lunes 24 de septiembre de 2009. Firman y adhieren: Organizaciones gremiales y comisiones internas FUBA, AGD-UBA, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, Centro de Estudiantes de Cs. Exactas y Naturales, Centro de Estudiantes de Psicología, Centro de Estudiantes de Veterinaria. Consejeros: Margarita o Campo, Minoría de Graduados de la Facultad de Ciencias exactas Ileana Cellotto, Minoría de graduados de la Facultad de Psicología Mariela Solesio, Consejera Superior por la minoría del claustro estudiantil Alejandro Lipcovich, Consejero Directivo por la mayoría del claustro estudiantil Martín Pérgola Consejero mayoría estudiantil FCEyN Federico Holik Consejero minoría graduados FCEyN y miembro de AGD-UBA. Docentes / Investigadores. Becarios Conicet , Ubacyt y Foncyt de la UBA Pablo Bergel, Sociólogo Alicia Rodríguez, docente UNGS y miembro de Tribuna Ambiental. Organizaciones estudiantiles: UJS-Partido Obrero, Corriente Julio A. Mella, La Mala Educación, La Mariátegui, En Clave Roja-PTS, Socialismo Libertario Frente Universitario Proyecto Sur, Viejo Topo-Poder Estudiantil, Viejo Topo-Colectivo Universitario, JXI – Coalición Cívica. En Acción- Exactas, Rebelión (El Andamio, Los Necios y El Estallido). Organizaciones ambientales y de DDHH Viviana Puccio , Tribuna Ambiental, Jorge Steimbach, Tribuna Ambiental Matías Neglia, Tribuna Ambiental, Asociación Gremial Docente de Psicología (AGD-UBA en Conaduh)
http://agd-psicologia.blogspot.com
Reforma del estatuto de la UBA: DOS MODELOS DE UNIVERSIDAD EN CONFRONTACIÓN.
El viernes 17 de octubre se reunió la Asamblea Universitaria para tratar la modificación del Estatuto. En el restrictivo orden del día, aprobado por el CS, y en el cuál se dejó de lado el debate sobre el Gobierno Universitario, existían dos propuestas principales de reforma: la oficial y la de nuestro gremio. La convocatoria realizada con apenas 9 días de anticipación, la sorpresa de un proyecto “oficial” remitido a los consejeros con menos anticipación aún y el despliegue de un enorme dispositivo de seguridad policial (que incluyó el vallado completo del Colegio Nacional Buenos Aires, más patrulleros y carros hidrantes) marcaron la impronta de este intento de reforma cuya forma y metodología se condice con su contenido.
Así se expresaron dos modos diametralmente diferentes de ver la UBA y su futuro. El proyecto oficial, aggiornando la retórica, avanza hacia la inconclusa reforma del modelo de la menemista Ley de Educación Superior: vulnera la autonomía, abre puertas a una mayor mercantilización y excluye aún en el papel derechos que estaban vigentes.
La propuesta de estatuto de la AGD plantea convertir en derechos de los docentes y toda la comunidad académica, las demandas democráticas y de renovación ante los cuales el oficialismo engañosamente claudica.
Un aspecto troncal del proyecto de la AGD consiste en hacer posible la mínima base que requiere una institucionalidad democrática: dotar a todos los docentes de la UBA de “ciudadanía política”, esto es, el derecho elemental a participar, a tener representación en el cogobierno, a elegir y ser elegido, incluyendo por cierto en ello a los docentes del CBC y de los Colegios de la UBA. Esto no sólo no es contemplado en el proyecto oficial, sino que ni siquiera se ha puesto en discusión el hecho de que casi el 80% de los docentes esté excluido del sobre representado y progresivamente reducido núcleo de profesores regulares sobre la que reposa el actual cogobierno. Mientras que se ha postergado el tratamiento del Título del Estatuto que hace al cogobierno y convalidado el relegamiento de la mayoría de los docentes a la categoría de auxiliares, la AGD propuso la conformación de un claustro único docente (que además rige actualmente en la mayoría de las universidades nacionales).
El proyecto presentado por la AGD propone además:
· Carrera Docente. Como sistema que articula el derecho gratuito a la formación, capacitación y perfeccionamiento -en horario laboral- con un régimen de ingreso y promoción académica por medio de evaluaciones periódicas y concursos garantes de la estabilidad laboral y de la calidad académica. Y rompiendo con el manejo punteril de nombramientos y concursos.
· Jubilación. Regida por las leyes vigentes para el personal civil del Estado; monto de haber jubilatorio móvil no inferior al 82% del sueldo en actividad. Extensión de los mismos derechos para el personal no-docente.
· Ad-honorem. Explícita exclusión de la posibilidad de desempeñar las tareas enseñanza e investigación sin percibir el salario correspondiente, o bajo el eufemismo del carácter Ad-honorem (los que sólo enseñan por “honor”) rompiendo con el congelamiento de planta y de ascensos.
El proyecto oficial EXCLUYE O ELIMINA DELIBERADAMENTE estas cuestiones nodales, y avanzó de modo relativamente explícito en adecuar el Estatuto de la UBA a la Ley de Educación Superior y a la Ley de Administración Financiera de Menem-Cavallo (se copia fragmentos idénticos), contrariando así la autonomía.
Identificamos su carácter regresivo en los siguientes aspectos:
· Mercantilización, venta de servicios y patentes: en sus “Bases” se incorpora la idea de transferencia científica y tecnológica conservando el asesoramiento técnico a instituciones privadas así como la participación en las actividades de las empresas, así como en su Título III un artículo nuevo (68) referido a la implementación de políticas activas que comprometan recursos y capacidades para la extensión y transferencia no manifiesta restricciones o condicionamientos al respecto. Como broche final borra del actual estatuto que “Son recursos de la Universidad: (…) Los derechos de explotación de patentes de invención o derechos intelectuales que pudieran corresponderle por trabajos realizados en su seno, en la forma que reglamente el Consejo Superior” (Cap. III Art. 81)
A su vez, extiende las formas de financiamiento hacia formas más allá de lo previsto por la Ley de Presupuesto. No sólo avanza en los recursos propios sino que plantea el financiamiento a través de recursos previstos por cualquier ley. También determina que habrá una nueva operatoria para recaudación de los ingresos por fuera de los previstos por el Tesoro Nacional.
PARA ENFRENTAR LA MEGAMINERÍA CONTAMINANTE, CONTRA LA ACEPTACIÓN DE FONDOS DE LA MINERÍA POR LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Y POR EL FINANCIAMIENTO ÚNICO ESTATAL POR UNA UNIVERSIDAD QUE PRODUZCA CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES.
Desde que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de todas las universidades nacionales, aprobó el reparto del 4% de las utilidades de Minera La Alumbrera, utilidades que luego fueron aceptadas en la inmensa mayoría de las Universidades por los Consejos Superiores (como en el caso de la UBA), hemos denunciado que este 0,4 de diezmo tiene por objetivo silenciar a las instituciones universitarias, para acallar sus potenciales denuncias en materia de explotación laboral, saqueo financiero y destrucción ambiental por parte de toda empresa minera.
La decisión de las autoridades del CIN de aceptar estos fondos generó una masiva indignación. Los rechazos y las denuncias se multiplicaron en declaraciones de docentes, investigadores, estudiantes, y en las votaciones, entre otras, del Consejo Superior de la Universidad de Luján, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de de Psicología de Córdoba, de la minoría del consejo Superior de Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.
Como parte de la campaña “No a los fondos de la mina contaminante”, el 26 de agosto la FUBA, la CONADU HISTÓRICA, AGD-UBA, centros de estudiantes, trabajadores no docentes, investigadores y estudiantes, junto con agrupaciones ambientalistas, nos movilizamos al Rectorado de la UBA para exigirle que no acepte un centavo de La Alumbrera. Presentamos un proyecto de resolución que rechace los fondos para que sea debatido y puesto a votación en el Consejo Superior.
La declaración común explicaba que los fondos deben repudiarse no sólo en defensa de un sistema estatal único de financiamiento de la educación superior sino, porque “la universidad pública con sus investigadores y su producción de conocimiento deben estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista”. Lo contrario significa que la universidad se constituya “en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con los graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios.”
Por esta vía, de cooptación económica, las corporaciones mineras pretenden poner la investigación académica al servicio de sus intereses. Comienzan también a proliferar convenios bilaterales entre distintas unidades académicas y gobiernos provinciales, municipales e incluso directamente con las mineras, que favorecen su infraestructura y desmienten los perjuicios contra el medio ambiente y la población.
La elaboración de estos informes es remunerada con “un ingreso extra” que representa varias veces el salario de un docente universitario. Se introduce de este modo una violación a los convenios laborales y una diferenciación interesada por parte de las autoridades universitarias. Los rectores y decanos se valen de esta metodología para formar sus propias camarillas -y se convierten en cómplices del gobierno de turno y de los grupos capitalistas-. Mientras tanto, la educación y la universidad se baten en un retroceso implacable. Sucede que la universidad, por el lugar particular que ocupa en la sociedad, depende más que ninguna otra institución de la capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas.
AGD-UBA en Conadu Histórica.
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Nota dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Rubén Hallú:
La Universidad de Buenos Aires y el dinero de la minera La Alumbrera.
Hay muchas razones por las cuales una sociedad responsable, libre y pensante debería negarse a la producción de la minería a cielo abierto que tanto rememora al coloniaje con su despojo de territorios y cuerpos. Son razones como la contaminación, el despilfarro de recursos limitados como el agua, la energía eléctrica, el escaso valor de uso de estos metales que, básicamente, se utilizan como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social críticos.
No obstante el sistema universitario y científico podría jugar un papel aún más significativo porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego.
Lamentablemente no ocurre con la minería y es de público conocimiento que muchas instituciones universitarias están trabajando al servicio de las corporaciones, en este caso, las grandes mineras. No es un secreto, estas relaciones se exponen como grandes logros en materia de convenios, colaboraciones, extensiones.
Pero las corporaciones mineras han logrado un paso más, comprometiendo con sus dineros al conjunto del sistema universitario. Son dineros que corresponden a los beneficios que recibe YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con Alumbrera Limited. Este año son 36,8 millones de pesos que por ley Nº 14771 deben ser repartidos entre Universidades Nacionales. En el 2008 ya se habían aceptado 50 millones. Es dinero que proviene de una empresa y de un gerente que la Cámara Federal de Tucumán Nº II dispuso sus procesamientos por violación del Art. 55 de la Ley 24.051; porque la contaminación es un delito federal y la universidad argentina debiera saberlo. No hay ley que obligue a aceptar financiaciones de organismos acusados penalmente.
Es muy significativo que cuando muchas investigaciones que generan conocimiento independiente avanzan conectando distintas disciplinas científicas, distintas facultades e incluso distintas universidades, una de las empresas mineras más cuestionada y procesada por el Fiscal Dr. Gustavo Gómez, decida repartir dinero a todo el sistema universitario. Y es muy lamentable que la Universidad de Buenos Aires lo haya aceptado y que aún el Consejo Superior no lo haya discutido.
Los abajo firmante solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad: Martín Isturiz, Investigador Superior Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología Jorge Medina, Profesor Titular e Investigador Superior Miguel Teubal, Profesor Consulto e Investigador Superior, Juana María Pasquini, Profesora Emérita e Investigadora Superior, Andrés Carrasco, Profesor Adjunto e Investigador Principal, Claudia Briones, Profesora Regular Titular Inés Izaguirre, Profesora Consulta e Investigadora. Juan Pegoraro, Profesor Titular e Investigador. Norma Giarracca, Profesora Titular e Investigadora. Susana Aparicio, Profesora Adjunta e Investigadora Principal. Julián Rebón, Profesor, Investigador y Director del Instituto Gino Germani, Jorge Geffner, Profesor Adjunto e Investigador Principal, Hugo Rios, Profesor Adjunto e Investigador Adjunto Susana Checa, Profesora Consulta e Investigadora principal. Liliana Pagliettini, Profesora Titular e Investigadora Principal Daniel Feierstein, Profesor Titular e Investigador. Susana Novick, Investigadora y Profesora Sara Rietti, Coordinadora Académica de la Maestría en Política y Gestión. de la Ciencia y la Tecnología, UBA. Juan Carlos Marín, Profesor Honorario e Investigador. Enrique Oteiza, Profesor Honorario e Investigador. Ruth Felder, Profesora Adjunta. Mariana Inés Conde, Profesora Adjunta a cargo y becaria posdoctoral. Néstor Cohen, Profesor titular Investigador. Mónica Petracci, Profesora Titular, Investigadora. Marta Danieletto, Profesora Adjunta. Flabián Nievas, Profesor regular adjunto, Investigador. Horacio Berretta, Investigador Superior. Doctor Honoris Causa de la UCC. Bibiana Arcondo, Profesora Asociada e Investigadora. Orlando Francisco Aguirre. Becario. Irene Marrone, Profesora e Investigadora. Beatriz Rajland, Profesora Consulta e Investigadora. Alcira Daroqui Profesora e Investigadora. Sandra Verstraeten, Profesora Adjunta e Investigadora Adjunta. María Paula Faillace, Investigadora Adjunta y Jefa de Trabajos Prácticos. Beatriz H. Duvilanski, Profesora Titular (J), Investigadora Principal. María Patricia Benavides, Profesora Adjunta. Víctor Rau, Profesor adjunto e Investigador asistente. Cristina Bellelli, Prof. Adjunta interina, Investigadora. Rocío Ceverio, Docente Universidad Nacional de Mar del Plata, Investigadora. Martha Roldán, Docente de Posgrado, Investigadora Principal. Claudia Lagier, Profesora Adjunta, Investigador Independiente. Daniel Tomsic, Profesor Adjunto e Investigador Independiente. Analía Trevani, Jefa de Trabajos Prácticos, Investigadora Adjunta. Ana María Acuña, Profesora titular FCA/Universidad Nacional de Mar del Plata. Silvia Kochen, Profesora Adjunta e Investigadora Independiente. Nora Saraco, Profesora Adjunta e Investigadora Asistente. José César Villarruel, Profesor Titular e Investigador. Pablo A. Vommaro, Profesor e Investigador. Marta Mendizabal, Profesora principal y técnica del CONICET. Pedro Mariano Politi, Profesor Adjunto. Cecilia L. Fulgueira, Profesora Adjunta. Daniel Campione, Profesor Adjunto. Elsa L Schvartzman, Ayudante de Primera. Silvia Pedetta, Ayudante de primera y Becaria Doctoral. Pablo Barbetta, JTP, Becario Postdoctoral. María Comelli. Ayudante de primera y Becaria. María Gisela Hadad. Ayudante de primera y Becaria. Tamara Perelmuter, Ayudante de primera y Becaria. Julia Risler, Becaria doctoral. Noemí Yokobori, Doctorando de UBA. Eva Camelli, Becaria de doctorado. Néstor Correa, Profesor Adjunto e Investigador. Jueves 10 de septiembre de 2009, por RENACE (actualizado el 10 de septiembre de 2009)
*Monsanto:* *Los convenios secretos de la universidad pública * *Documentos*
*El convenio entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Monsanto –vigente hasta noviembre de 2010– obliga a “no copiar, comunicar, distribuir, diseminar, exponer o, de cualquier otro modo, revelar la información confidencial” que resulte de los estudios y proyectos de investigación que realiza para esa multinacional. Se obliga, además –según señala expresamente el convenio– a realizar trabajos de asesoría y consultoría, investigación y desarrollo y a mucho más: “colaborar en la ejecución de trabajos de Tesis de Grado o Posgrado por alumnos de la Facultad en temas de interés para ambas partes”. *
* *
*PONER LINK A PÁGINA DE LA VACA EN DONDE APARECEN LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS: http://lavaca.org/especiales/especiales/los-convenios-secretos-de-la-universidad-publica.html
Carlos A. Vicente, Acción por la Biodiversidad, Gianone 195, (1727) Marcos Paz, Buenos Aires. Argentina. Telefax: 54 220 4771165 c.e. info@biodiversidadla.org www.biodiversidadla.org
Carlos A. Vicente. Responsable de información para América Latina – GRAIN. c.e. carlos@grain.org www.grain.org
Suscríbase a las novedades de GRAIN desde http://www.grain.org/subscribe/nfg.cfm
*Red de Intelectuales, Artistas y Académicos (Argentina)* *Estimados colegas y amigos:*
* En documentos adjuntos enviamos antecedentes de como se vienen desenvolviendo ciertas presiones relacionadas con la acción de dar a publicidad investigaciones sobre los efectos de los agronegocios: específicamente, los efectos del glifosato en embriones.*
*En documentos adjuntos aparecen algunas informaciones vinculadas a esto (cronología de acontecimientos, entrevista al investigador que hizo el periodista Darío Aranda, nota de Norma Giarraca).*
* A continuación, transcribimos la declaración que nos sentimos movidos a realizar. Las primeras firmas son de científicos, intelectuales, artistas, pertenecientes a la red que comenzó todo esto: Miguel Teubal (UBA-CONICET) – Maristella Svampa (UNGS-CONICET) -Mirta Antonelli (UNC)- Susana Aparicio (UBA-CONICET) -Norma Giarracca (UBA)- Horacio Tarcus (UBA)-Inés Izaguirre (UBA-CONICET) -Claudia Briones (UNRN-CONICET) .
*Voces de alerta:* *Los abajo firmantes, científicos, académicos, intelectuales, artistas hacemos pública nuestra posición crítica ante toda intromisión mercantilista y pragmática del poder económico sobre la autonomía del sistema científico-universitario. Con la retórica del “productivismo” que corre en estos tiempos –diferenciándose de la acumulación financiera de décadas anteriores- se busca sacar del debate aquello que en la comunidad internacional hace tiempo está siendo objeto de preocupaciones y acciones de redes científico-acadé micas: el conocimiento, especialmente el público, ¿está sitiado por el mercado?, ¿qué condiciones de ejercicio hay para la independencia científica y, sobre todo, para ejercer el derecho ético de dar voz de alarma ante los daños, sin sufrir represalias o sanciones más o menos veladas? La comunidad académico-científica tiene sus Voces de alerta, con argumentos de las llamadas “ciencias duras” – biología, geología, glaciología, química, etc., entre otras-, y también de las “ciencias blandas” –ciencias médicas, derecho, sociología, ecología social, economía política, arqueología, antropología, educación, etc.- entre varias destacables. Científicos y universitarios están procurando ser escuchados para evitar y/o mitigar los riesgos ciertos de daños irreparables y, sobre todo, de un gran sufrimiento social.*
*El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único el canto de sirena del “desarrollo sustentable” del modelo sojero y la “minería responsable” como factor de transformación, y ese discurso hegemónico es estratégicamente legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado. ¿Qué condiciones hay para que las voces críticas de universitarios y científicos contra el modelo extractivista sean escuchadas?
¿Qué posibilidades de construir agenda pública sobre estos temas acuciantes para el bien común? ¿Qué promoción de ciudadanía y exigibilidad de derechos caracteriza a este escenario, donde las voces independientes y críticas, con la autoridad de saberes y trayectorias no cooptados, son negadas, difamadas, silenciadas, cuando no malversadas?*
*En estos momentos de gran debate por la aparición pública de los resultados de una investigación de agroquímicos de expandida difusión en la agricultura argentina afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad.
*Dra. Claudia Briones y siguen las firmas* *EHyES e IIDyPCA-Universidad Nacional de Río Negro*
*ASAMBLEA UNIVERSITARIA del 14 de diciembre de 2009. *JUZGUEN USTEDES MISMAS!*
A efectos de que todos los integrantes de la comunidad universitaria y de la población puedan evaluar los procedimientos utilizados para la elección de Rector de la UBA para el período 2010-2014, así como los modos autoritarios que al interior de la asamblea ilegítima se utilizaron para postular al único candidato, acallando la voz de la disidencia portada en este caso por nuestra Consejera Ileana Celotto, en uso de la palabra, les enviamos el link que figura en la página web de la UBA para que puedan acceder al video y ver lo sucedido con sus propios ojos: http://www.uba. ar/comunicacion/detalle_video.php?idv=47
Asimismo les enviamos otro link del video que salió en el Diario La Nación el día 15.12.09, con un reportaje realizado a nuestra Consejera el día 14.12.09 en el marco de la represión a estudiantes, docentes, miembros de la Fuba y todo aquel que estuviera manifestando en contra de los procedimientos utilizados para la convocatoria y la realización de la ilegal, ilegitima y antidemocrática “Asamblea Universitaria” con el fin de elegir Rector. Allí Ileana Celotto explica en forma breve y contundente las razones del rechazo a dicha Asamblea Universitaria.
http://videos. lanacion. com.ar/video1287 1-serios- incidentes- entre-la-policia-y- miembros-de-la-fuba
Hoy como siempre sostenemos nuestros principios y los defendemos con el cuerpo de nuestros militantes y aquí tienen la mejor prueba de una Consejera que no sólo se sienta en un sillón en el Consejo a hacer propuestas cuando es necesario, sino que además defiende con su presencia y su palabra los derechos de los Graduados y la Democratizació n de la Universidad en medio de situaciones de violencia, arbitrariedad y represión.
*PSICÓLOGOS EN FRENTE* Minoría del Claustro de Graduados.
*DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES–CONADUH/CTA
El lunes pasado se convocó una nueva ilegítima Asamblea Universitaria de la UBA a los fines exclusivos de reelegir al veterinario Rubén Hallú como Rector por los próximos 4 años. La represión desatada contra el movimiento estudiantil y docente más el carácter cerrado y militarizado de la sesión en el Congreso Nacional expresan la imposibilidad de la minoritaria casta profesoral de gobernar mediante métodos democráticos la mayor institución educativa, cultural y científica de la Argentina que, a partir de estos hechos, se hunde en su mayor desprestigio y, quizás, la más profunda crisis de su historia reciente.
Por una parte, la asamblea convocaba -de manera adelantada- al conjunto de consejeros electos pero aún no en funciones, y por otra, reeditó un esquema de cogobierno apoyado en una representación profesoral del 51,7% elegida solamente por 2000 profesores regulares sobre un total de 35000 docentes que sostenemos con nuestra labor las actividades científicas y educativas.
Sumado a las denuncias de las representaciones docentes, estudiantiles y de graduados de las facultades y las principales organizaciones gremiales de los claustros, la falta de legitimidad y apoyo se demostró ante la ausencia de un tercio de los asambleístas convocados, agravado ello por la exclusión forzada de los asambleístas estudiantiles que pretendieron acreditarse para manifestar los fundamentos de su oposición.
Hace 3 años las autoridades electas asumían con el principal compromiso de revertir la antidemocrática disparidad en la representación mediante la reforma del Estatuto Universitario, y habiendo quedado en “cuarto intermedio” la sesión de los representantes -actualmente en funciones- que lo deliberaba, hoy se readueñan del gobierno de la UBA desestimando sus propias promesas ante el socialmente extendido reclamo de democratización universitaria.
Esta vergonzosa asamblea, que duró apenas 15 minutos, sólo fue posible montando un escenario que involucró el uso del Congreso Nacional, el aval del poder judicial, una sofisticada logística de seguridad urbana y la fuerza represiva del Estado Nacional.
Los acontecimientos señalados demuestran la debilidad, ineptitud y descrédito del proclamado Rector (y el reducido grupo que lo convalida) para gobernar la UBA y, más aún, para darle cauce positivo a las exigencias de democratización.
Por todo lo antedicho, la AGD-UBA repudia y desconoce la Asamblea en su contenido y forma, denuncia a los responsables de la represión y llama a la comunidad académica a emprender las luchas necesarias para refundar una universidad sustancialmente democrática.
Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA. Martes 15 de diciembre de 2009.
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