PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA – RIACHUELO.

by

                ARGENTINA                                      2 Febrero de 2009 

Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Autoridad de CMR Matanza – Riachuelo (ACUMAR)

Apoyo Técnico y Financiero

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)

MARCO CONCEPTUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

COMPONENTE II REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………. 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ……………………………………………………… 4

2.1. Objetivos del Proyecto……………………………………………………………… 4

2.2. El componente industrial del Proyecto ……………………………………….. 4

3. OBJETIVOS DEL MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL …………. 14

2. MARCO LEGAL APLICABLE……………………………………………………….. 15

3.1 Nivel Nacional……………………………………………………………………….. 15

3.2 Nivel Provincial …………………………………………………………………….. 23

3.3 Nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires …………………………………… 32

3.4 Nivel Municipal (Provincia de Buenos Aires) ……………………………… 35

3. POLÍTICAS DE SALVAGUARDA………………………………………………… 37

4.1 Evaluación Ambiental (OP 4.01) ……………………………………………… 37

4.2 Hábitats Naturales (OP 4.04) ………………………………………………….. 39

4.3 Reasentamiento Involuntario (OP 4.12) …………………………………… 39

4.4 Patrimonio Cultural (OP 11.03) ………………………………………………. 40

5. MARCO INSTITUCIONAL ………………………………………………………… 42

5.1 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)………………….. 42

5.2 Provincia de Buenos Aires…………………………………………………….. 43

5.3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ………………………………………… 45

6. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES POTENCIALES………………. 46

7. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL…………………………….. 47

7.1 Riesgos ambientales según fases de operación …………………………. 48

7.2 Riesgos ambientales y sectores……………………………………………… 49

7.3 Riesgos ambientales según tipo de acciones del proyecto………….. 50

7.4 Riesgos ambientales y localización ……………………………………….. 51

7.5 Riesgos ambientales y escenario de línea de base …………………….. 51

7.6 Instrumentos de gestión……………………………………………………… 52

7.6.1 Instrumentos de gestión de los PRIS (según Res. 1139/2008) … 52

7.6.2. Instrumentos para la gestión de salvaguardas ambientales…… 58

a. Etapa de Identificación y Clasificación……………………………………. 58

7.6.1 Etapa de evaluación de impacto ambiental ………………………… 60

7.6.2 Plan de Gestión Ambiental (PGA)……………………………………… 66

7.6.3 Fase de seguimiento ……………………………………………………… 67

7.6.4 Divulgación ………………………………………………………………… 67

7.6.5 Gestión y planificación de respuesta a contingencias………….. 67

Anexo 1: PATRIMONIO CULTURAL Y FISICO…………………………… 74

3

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta un marco general de gestión socio ambiental que se aplicará inicialmente a los potenciales subproyectos a ser financiados bajo el Componente II del préstamo.

El enfoque adoptado combina los requerimientos de evaluación ambiental contenidos en la Resolución 1139/2008, Programas de Reconversión Industrial de la SAyDS y un enfoque de riesgo ambiental, a partir de cual se aplican las políticas de salvaguardas del Banco. En este sentido, se busca que en la operación co-financiada con recursos BIRF se analicen en principio los diferentes niveles de riesgo requerirán diferentes grados de intervención por parte de la ACUMAR, además de plantear diferentes tipos de requisitos para cumplir con los requerimientos la Evaluación Ambiental (EA).

El MGAS ha sido desarrollado por ACUMAR durante la etapa de preparación del Proyecto de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Este instrumento ha sido diseñado para el uso y aplicación de ACUMAR en la ejecución de los subproyectos de inversión del Componente II, razón por la cual también refleja el compromiso por aplicar los principios de gestión y los instrumentos aquí identificados a lo largo del ciclo de proyecto. En este sentido, será necesario que este Marco se de a conocer, discuta y mejore a través de un proceso de consulta y capacitación no solo con los integrantes de la ACUMAR, sino también con las autoridades con incumbencias ambientales en el territorio de la cuenca Matanza – Riachuelo, e integrado en su versión final al Manual Operativo definitivo del Proyecto.

Este MGAS es consistente con las previsiones contenidas en el Programa 3 “Gestión y Mitigación de Impactos asociados a Proyectos de Reconversión Industrial” desarrollado como parte del “Plan de Gestión Ambiental” general del proyecto. 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del Proyecto

El principal objetivo del proyecto es mejorar la salud y la calidad de vida de los 4,6 millones de habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo (M-R) a través de un programa de recuperación ambiental integral del río y sus principales tributarios. En términos generales, el proyecto conducirá a una mejora en la calidad del agua y a una reducción de las enfermedades vinculadas con la contaminación del agua, la expansión de la cobertura cloacal, la disminución de las inundaciones, una mejor gestión de las aguas subterráneas, un ambiente urbano más limpio y un marco institucional fortalecido. Además, el proyecto contribuiría a la recuperación de sectores antiguos de la Ciudad de Buenos Aires, valiosos no solamente debido a su historia sino también en razón de su proximidad al centro de la misma.

El enfoque integrado de la recuperación de la cuenca M-R requiere actuar de manera coordinada en las siguientes áreas:

(i) Componente de saneamiento, destinado a eliminar los vertidos cloacales en la cuenca M-R.

(ii) Componente de reducción de la contaminación industrial, destinado a reducir y /o eliminar los impactos ambientales adversos provenientes de los aspectos ambientales asociados a las actividades productivas y de servicios radicadas en el área de incumbencia de la ACUMAR.

(iii) Componente de rehabilitación urbana, destinado a abordar los temas de ordenamiento territorial, inundaciones y gestión de aguas subterráneas, y temas de crecimiento económico, a ser implementado en cooperación con 14 municipalidades del lado provincial de la cuenca M-R y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.2. El componente industrial del Proyecto

El objetivo de este componente es contribuir a la eliminación progresiva de las descargas puntuales de las aguas residuales industriales (orgánicas así como los efluentes tóxicos) muchas de los cuales entran actualmente al Río Matanza-Riachuelo (M-R). Se espera que este proceso ocurra durante los próximos 15-20 años y este proceso es esencial para la recuperación ambiental general del río. Este componente del proyecto representa una herramienta adicional a la limpieza Río M-R divergiendo las descargas industriales tratadas al Río de la Plata a través de un sistema mejorado, ampliado y más seguro de manejo de las aguas residuales (financiada por Componente 1). A su vez, este Componente está destinado a reducir y/o eliminar los impactos ambientales adversos provenientes de los aspectos ambientales asociados a las actividades productivas y de servicios en el área de la Cuenca MR, considerando sin limitarse a, los provocados por las descargas de efluentes industriales que son volcados directamente al río Matanza-Riachuelo. El mismo, basado en el cumplimiento progresivo de la base normativa, procurará provocar sinergias que permitan mejorar el desempeño económico y social de las empresas involucradas.

Basados en la metodología del Rapid Assessment (evaluación rápida) que requiere verificación, en el orden de 4,100 industrias registradas en el área de la cuenca del Río M-R que contribuyen con una parte importante de la carga orgánica total descargada actualmente al Río M-R, así como prácticamente todas las descargas tóxicas. De éstas industrias, aproximadamente 1.600 están conectadas a la red de AySA, mientras que las 2.500 restantes están descargando actualmente los efluentes directamente en el Río M-R.

La ACUMAR primero se centrará en los 50 contaminadores industriales principales que contribuyen a aproximadamente el 95 por ciento de la carga orgánica industrial total que se descarga en el Río Matanza-Riachuelo y en las 170 industrias con la carga tóxica más elevada que en la actualidad se descarga en el Río Matanza-Riachuelo. Se espera que sólo un subgrupo de alrededor de 50 a 90 de las 220 industrias más contaminantes esté incluido en el APL-1. Se espera que en la segunda fase del Programa a ser financiado por el Banco Mundial (APL-2), se perfeccione e incluya a las restantes industrias contaminantes.

Adicionalmente, durante el primer tramo de financiamiento (APL-1), se contempla un programa de subsidios (aportes no reembolsables) que apoyará las acciones del sector privado en el control de la contaminación aplicando producción limpia, apuntando especialmente a las PYMES con una capacidad técnica y financiera más débil para cumplir con las regulaciones ambientales. En este tipo de actividades deberán enfocarse los esfuerzos de gestión ambiental del proyecto y de aplicación de las salvaguardas del Banco.

Como estrategia para lograr los objetivos planteados, ACUMAR , a través de la Comisión Interjurisdiccional de Industria (CIJI) ha diseñado una herramienta de aplicación progresiva para lograr la adecuación de las empresas que realizan actividades productivas y de servicios, que ya ha sido aprobda por su Consejo directivo, denominada Programa de Reconversión Industrial de la Cuenca Matanza Riachuelo – PRI –ACUMAR.

Es política gubernamental firmar Planes de Reconversión Industrial (PRIs) con las industrias contaminantes (agentes contaminantes) comprometiéndolas a realizar programas de gestión preventivos basados en producción más limpia y las inversiones necesarias para reducir las cargas de efluentes de acuerdo con objetivos y plazos. La estrategia para las descargas industriales, que será ajustada a través de éste proyecto, incluye las siguientes acciones:

⎯ Aquellas industrias que se puedan conectar actualmente a la red de alcantarillado serán requeridas a reducir su la concentración de DBO en sus efluentes a por lo menos 200 mg/l (según lo indicado en la norma de AySA) y 6 a tratar sus efluentes tóxicos antes de descargar a la red, siempre cumpliendo con las normas de vuelco establecidas por AySA 1

⎯ Para las industrias que no pueden tener acceso actualmente a la red de AySA, ACUMAR requerirá soluciones tales como programas de producción más limpia, programas de minimización de las corrientes de efluentes líquidos mientras se estén desarrollando las inversiones necesarias para reducir las cargas de efluentes durante la construcción/la extensión de los colectores (financiados bajo componente 1). Posteriormente, se esperará que estas industrias conecten y descarguen sus efluentes tratados a la red de alcantarillado para su transporte al Río de la Plata.

⎯ Para industrias que no tendrán acceso a la red de alcantarillado aun después de la extensión de los colectores (porque el área de la concesión de AySA no cubre la totalidad de la cuenca M-R), ACUMAR prevé el desarrollo de soluciones alternativas tales como programas de producción más limpia, programas de minimización de las corrientes de efluentes líquidos mientras se estén desarrollando las inversiones necesarias para reducir las cargas de efluentes y la utilización de camiones atmosféricos debidamente habilitados para recoger los efluentes tratados y descargarlos en puntos preestablecidos en la red de AySA o la construcción de colectores adicionales que se conectarán a la red existente de alcantarillado de AySA.

Las actividades bajo componente 2 complementarán las del Macro-componente 1 en contribuir a la limpieza al Río M-R. Una combinación de asistencia técnica para mejorar el monitoreo, control, y aplicación por parte de ACUMAR, se concentrará en el APL-1, lo que ayudará en el recabado de datos iniciales y en la ejecución de diagnósticos.

Además, dentro del APL-1, un programa de aportes no reembolsables acorde respaldará las inversiones del sector privado en el control de la contaminación y en los procesos de producción más limpia.

Las actividades de asistencia técnica estarán orientadas a incrementar la capacidad de monitoreo y ejecución del gobierno a través de 4 subcomponentes. Parte de la asistencia técnica se enfocará al establecimiento de un sistema de registro de empresas radicadas en la Cuenca. La información contenida en este registro servirá de base para la gestión de los Programas de Reconversión Industrial (PRI) de la ACUMAR.

1 Esto esta en linea con las Guías Ambiéntales para la Saludo y Seguridad de la Corporación Financiera Internacional (IFC) aplicables al Grupo Banco Mundial relacionadas con Aguas Residuales y Aguas Superficiales que dicen “Descargas de aguas residuales industriales, domesticas, de empresas de servicios públicos o aguas lluvias, a los sistemas públicos o privados de tratamiento deben cumplir con los requerimientos de pre-tratamiento y monitoreo del sistema de alcantarillado en las cuales se descargan”.

Adicionalmente, está en línea con las guías del IFC respecto a Agua y Saneamiento que dice “El tratamiento o pre-tratamiento que neutralice o remueva los químicos tóxicos debe ser realizado idealmente a la facilidad industrial misma, preliminar a la descarga del efluente al sistema de alcantarillado o cuerpo de agua receptor…”

7 El programa de aportes no reembolsables será puesto en marcha durante el APL-1 como programa inicial para apoyar inversiones del sector privado en control de la contaminación y medidas de la producción mas limpia. Este programa apuntará un número limitado (20-50) de empresas pequeñas y medianas (PyMEs) que tienen capacidad técnica y financiera más débil para cumplir con las regulaciones ambientales.

Mientras que el programa alcanzará solamente una pequeña muestra de PyMEs elegibles, su objetivo es (i) enseñar y compartir cómo PyME-específicas aplican la producción mas limpia; (ii) estimular asociaciones de los PyMEs para adoptar las soluciones rentables para alcanzar cumplimiento ambiental; y (iii) facilitar a las PyMEs acceso al crédito comercial para inversiones en producción más limpia.

2.2.2. Subcomponentes

2.2.2.1. Subcomponente de Asistencia Técnica: Las actividades de asistencia técnica estarán orientadas a incrementar la capacidad de monitoreo y ejecución del gobierno, a través de:

i. Formulación de un diagnóstico de contaminación y análisis de política.

Este subcomponente apoyará los diagnósticos en curso de la contaminación realizados por ACUMAR usando los datos de la línea de base de GIS y el uso de la modelación de calidad de agua para diseñar un marco para establecer las cargas efluentes apropiadas para las industrias situadas en la cuenca de M-R. La base de datos incluirá la información de la línea de base sobre cerca de 20 parámetros referente a las cargas del consumo y de la contaminación de agua (orgánicas y tóxicas) descargadas por cada uno de las industrias.

La información en esta base de datos centralizada constituirá, entre otros insumos, para la evaluación de las cargas efluentes de los agentes contaminantes descargados al Río M-R., junto con la capacidad receptiva del Río de la Plata de aceptar estas descargas efluentes.

La información resultante de estas actividades será un insumo para la toma de decisiones sobre el desarrollo de políticas activas al respecto de la prevención y control de la contaminación.

Este subcomponente también apoyará el trabajo previsto por ACUMAR y AySA para la inspección y el control del consumo de agua y de la descarga de los efluentes de las industrias conectadas a la red de AySA con el muestreo para el análisis de efluentes industriales.

ii. Mejoramiento del sistema de monitoreo para desechos industriales.

Este subcomponente fortalecerá el sistema para monitoreo del estado de la descarga de desechos industriales, apoyando la infraestructura institucional del control de la contaminación tal como laboratorios certificados. Mientras que se utilizarán inicialmente los laboratorios de AySA para algunas pruebas de la calidad del agua, en el proyecto se planea más adelante ampliar la base de laboratorios certificados. La compra de algún equipo puede ser requerida. Este subcomponente también financiará auditorias técnicas 8 de seguimiento y verificación para asegurar el cumplimiento de las PRIs por las empresas.

iii. Apoyo para el ajuste de la estrategia para las descargas industriales. El proceso de diagnóstico en el subcomponente (i) ayudará a determinar condiciones actuales en cada industria referente a su producción, operación, e instalaciones para controlar el consumo de agua, la descarga de efluentes, y el muestreo para analizar los efluentes industriales. De acuerdo con estos diagnósticos, y en el marco de su política general de la descarga industrial (articulada en párrafo 3), ACUMAR podrá ajustar la estrategia mediante la definición de (i) las metas y condiciones específicas a ser alcanzadas por empresas individuales, de acuerdo con los límites permitidos para la descarga de agentes contaminantes en cortos, medios y a largo plazo; y (ii) los volúmenes y la calidad de las descargas industriales para determinar el nivel consiguiente de tratamiento de los efluentes industriales o de la reestructuración industrial requeridos de las empresas individuales, y el diseño de los sistemas necesarios de tratamiento. El ajuste de la estrategia general para las descargas industriales para la cuenca M-R será apoyada a través de este sub-componente.

En general, las metas específicas y las condiciones dentro de los PRIs individuales para cada industria contaminante dependerán de la localización de las descargas actuales de efluentes de la empresa, la cobertura del sistema de alcantarillado existente, los planes de expansión específicos del sistema de alcantarillado de AySA sobre una base año tras año, y las usos y la calidad de los cuerpos receptores de agua en cortos, medios y a largo plazo.

iv. Diseño e implementación de un programa para estimular la responsabilidad ambiental empresarial. Este subcomponente apoya el diseño y el desarrollo de un programa ambiental de la divulgación para ayudar a construir una cultura de responsabilidad ambiental empresarial.

Tales programas de divulgación han sido exitosos en otros países para cambiar el comportamiento relativo al cumplimiento ambiental. El cambio se logrará a través de la diseminación de los resultados de cumplimiento de PRIs, incluyendo la publicación anual del desempeño en el cumplimiento de los PRIs de las empresas intervinientes.

2.2.2.2. Sub-componente Apoyo técnico y financiero a PyMES para acciones de control de la contaminación y producción más limpia.

El objetivo de este subcomponente es proveer apoyo técnico y financiero a PyMES para acciones de control de la contaminación y producción más limpia. Ampliando las actividades de asistencia técnica que ayudarán a identificar, desarrollar y suscribir los PRIs con las industrias contaminantes.

El proyecto prevé realizar un programa de aportes no reembolsables para las PyMEs (sobre una base de “matching” para asegurar el compromiso) mediante inversiones en producción más limpia para mejorar el cumplimiento ambiental. Este programa 9 suministrará respaldo a la micro, pequeña, y mediana empresa en el área de la Cuenca MR. Estas inversiones en producción más limpia aumentarán la eficiencia de las plantas y procesos, minimizarán el uso de recursos, eliminarán el aporte de tóxicos, y reducirán la cantidad y toxicidad de efluentes y emisiones. Las asociaciones de PyMEs similares (tales como la asociación de la industria de ACUBA para las curtiembres) también serán elegibles para solicitar el financiamiento de la infraestructura ambiental común, tal como instalaciones para tratamiento común de efluentes. Los gastos elegibles bajo este programa pueden incluir los servicios de asesoramiento, equipo (bienes), y trabajos de reconstrucción de pequeña envergadura.

El esquema propuesto para la ejecución de este componente, conteniendo el detalle de los roles institucionales, es el siguiente:

1. Aprobación de PRIs por parte de ACUMAR (de acuerdo a la Resolución ACUMAR sobre el tema).

2. Determinación previa de criterios objetivos de selección, financiamiento y ponderación acordados en el marco de la CIjI (Comisión Interjurisdiccional de Industria – ACUMAR) y contenidos en un reglamento.

3. Presentación de solicitudes de financiamiento.

4. Determinación por parte de la SAyDS en base a los criterios objetivos  predeterminados, de las PyMES seleccionadas, de los montos a financiar y suscripción de convenios con las beneficiarias.

5. Desembolso por parte de la SAyDS de acuerdo a los cronogramas que se definan en los convenios.

6. Controles de ejecución financiera por parte de la SAyDS realiza y de cumplimiento de los planes de acción contenidos en los PRIs por parte de ACUMAR.

Las empresas que son elegibles para la participación en el programa de las donaciones se  deben ser categorizadas como PyME2; tener un PRI firmado y aprobado en el ámbito de ACUMAR; y no tener acceso al crédito comercial. Las donaciones (aportes no reembolsables) serán asignadas a las empresas elegibles, dando prioridad sobre la base de la carga relativa de la contaminación contribuida por la empresa. Los criterios detallados de la elegibilidad para la ayuda a los PyMEs, tan bien como las modalidades específicas del desembolso serán definidos y divulgados en el manual de operación de proyecto para asegurar la transparencia de la asignación de recursos. Por otra parte, el nivel específico 2 Bajo el Artículo 1º del Titulo I de la Ley No 25.300, las empresas son consideradas como Micro, Pequeña y Mediana empresa de acuerdo con su registro de ventas máximas anuales, excluyendo el impuesto al valor añadido (IVA) expresado en pesos de acuerdo con la siguiente tabla:

Tamaño de la Empresa Agrícola Minera e Industria Comercial Servicios Construcción

Micro                                   456.000    1.250.000     1.850.000    467.500      480.000

Pequeña                        3.040.000  7.500.000   11.100.000    3.366.000   3.000.000

Mediana                         8.240.000 60.000.000 88.800.000 22.440.000 24.000.000

de donaciones requeridas de los PyMEs será resuelto sobre una base de la industria (sector) usando lecciones de la mejor práctica, con las dispensaciones especiales para las empresas micro.3 Estas donaciones no sustituirán el crédito comercial, dado que se centran específicamente en las inversiones ambientales para las PyMEs para las cuales el financiamiento de Bancos comerciales no está disponible. El lanzamiento de este programa ocurrirá cuando las PyMEs de la cuenca hayan cumplido los criterios de la elegibilidad, que incluye la firma de PRIs.

Los Programas de Reconversión Industrial Base Normativa de los PRIs: Están basados en cuanto a la normativa legal de en el Art. 41 de la Constitución Nacional, y las leyes de presupuestos mínimos un modelo metodológico y de estructura basado en las normas técnicas y de gestión ISO, serie 14000 y el sistema Environmental Management Audit System – EMAS de la Unión Europea. UE. (Ver detalle en el capitulo 3. Marco Legal y en el Anexo 2). Se nutre además de la experiencia acumulada por la SAyDS en la aplicación de programas similares anteriores.

La información que se describe a continuación, constituye los requisitos mínimos necesarios para el diseño y estructuración de los PRI, con el fin de ser implementados en diferentes sectores industriales.

1. Fase Evaluativa

Revisión Inicial: Constituye el análisis global preliminar de las cuestiones, impactos y comportamientos en materia de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, relacionados con las actividades de una organización. Además, confiere un ranking de significancia para iniciar el trabajo sobre las áreas prioritarias.

Identificación de:

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

2. Fase de Planificación.

3 Típicamente los valores de “matching” requieren de un nivel de compromiso de fondos por parte de la PyME de 1 a 1. En el caso de micro empresas el nivel de compromiso usualmente recomendado es de 2 a 1 (proyecto: empresa).

11 Programa de Gestión Ambiental: Constituye el compendio de todas las acciones a emprender con el fin mejorar la performance ambiental y de la seguridad y salud ocupacional de una organización. En este se describen de forma clara y precisa los siguientes ítems:

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general, que tiene su origen en la política ambiental, que una organización se establece a sí misma, y que está cuantificado siempre que sea posible.

Meta Ambiental: Requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Actividades: Tareas a realizar con el objeto de ordenar y dar cumplimiento a las metas seleccionadas.

Procedimientos: Se refiere a la metodología utilizada en las diferentes actividades a realizar con el fin llevar adelante el PRI.

Recursos Implicados: Hace mención a los recursos financieros, técnicos, humanos y de gestión necesarios para el correcto funcionamiento del PRI.

Indicadores de Desempeño: Medidas cuantitativas, cualitativas o descriptivas que cuando son evaluadas y seguidas periódicamente proporcionan información acerca del desempeño de las operaciones sujetas a evaluación, para dar cumplimiento a los objetivos de mejora propuestos en el PRI. Tipos de indicadores a incluir en un PRI:

o Indicador de Desempeño Ambiental (IDA): Expresión específica que provee información sobre el desempeño ambiental (1.11) de una organización.

o Indicador de Desempeño Ambiental (IDA): Expresión específica que provee información sobre el desempeño ambiental (1.11) de una organización.

o Indicador de Desempeño de Gestión (IDG): Indicador de desempeño ambiental que proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para influir en el desempeño ambiental de una organización.

o Indicador de la Condición Ambiental (ICA): Expresión específica que proporciona información sobre la condición ambiental local, regional, nacional o global del medio ambiente.

12 Cronograma: Describe los plazos que demandarán las actividades y tareas a ser desarrolladas para la implementación del PRI, incluyendo su fecha de inicio y finalización.

3. Fase Evaluación y Monitoreo.

Auditoria Ambiental: Proceso de verificación, sistemático y documentado con el fin de obtener y evaluar objetivamente el desarrollo del PRI. Tipo de auditorias a solicitar:

Auditorias Documentales. Auditorias Presenciales.

Evaluación Final: Consiste en una descripción detallada de toda la experiencia de diseño y ejecución del PRI.

4. Fase Mejora Continua.

Mejora Continua: Proceso de optimización continua de la gestión ambiental para alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global, de acuerdo con los objetivos ambientales de la organización.

El que sigue es un esquema del flujograma del proceso PRI.

Esquema del flujograma del proceso PRI.

Esquema del flujograma del proceso PRI.

3. OBJETIVOS DEL MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El objetivo general del Marco Conceptual de Gestión Ambiental y Social, es contar con un documento de referencia donde se establece, -junto con un relevamiento legal e institucional expeditivo, las metodologías, los instrumentos y los procedimientos que permitan asegurar una adecuada gestión socio-ambiental durante la implementación del Proyecto. Los objetivos específicos del MGAS son:

(i) Asegurar que los procedimientos asociados a los PRIS sean ambientalmente sustentables.

(ii) Identificar de las normas, leyes y reglamentos que se deben tomar en cuenta dentro de la temática socio-ambiental de los PRIS, junto con las instituciones que estarán involucradas en el Proyecto;

(iii) Desarrollar una metodología ágil –y complementaria a la metodología PRISpara

la categorización de los subproyectos en función del nivel de riesgo socio-ambiental, con el fin de identificar los estudios requeridos para cumplir tanto con la legislación ambiental nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial;

(iv) Presentar una serie de instrumentos de uso interno que deberán ser desarrollados en cada una de la fases del ciclo de proyecto, con el fin de asegurar la correcta incorporación de las variables socio ambientales a lo largo del ciclo de proyecto;

El foco principal de este marco son los Planes de Reconversión Industrial, ya que en este subcomponente residirían las principales fuentes de impacto ambiental.

Si bien el proyecto al cual el Componente 2 pertenece ha sido categorizado como “A”, de acuerdo a los lineamientos del Banco Mundial, es esperable que las acciones que se financiarán en el marco de los PRIS podrán variar en su categorización, pudiendo encontrarse subproyectos B o C. Esto se deba que en todos los casos serán intervenciones puntuales, con impactos ambientales acotados y manejables a partir de medidas de mitigación ya conocidas.

Los lineamientos que se desarrollan en esta marco de gestión deberán ser tenidos en cuenta e integrados en las etapa de Planificación y Monitoreo de los PRIS. 15

2. MARCO LEGAL APLICABLE.

En esta sección se presenta la legislación vigente aplicable al Componente II del proyecto.

Dada la multiplicidad de actores involucrados y normas, la sección se divide en cuatro niveles: (1) Nacional; (2) Provincia de Buenos Aires; (3) Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (4) Municipios.

3.1 Nivel Nacional

3.1.1 Protección Ambiental según la Constitución Nacional

En su modificación de 1994, la Constitución Argentina ha incorporado en forma explícita, a través de su Artículo Nº 41, el contenido que antes de tal reforma figuraba implícitamente al enunciar:

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos.”

Se trata de un derecho más social que individual, cuya reglamentación debe armonizar dos términos importantes: el derecho a un medio ambiente sano, con el derecho a desarrollar actividades productivas que obviamente repercutirán en el progreso de la comunidad y el bienestar individual. Compete al Estado y también a todos sus habitantes, pero para aquél se trata de una obligación primaria de la Nación ya que las Provincias sólo se limitarán a dictar normas complementarias a las que emanen del Gobierno Nacional.

Por otro lado, el Artículo Nº 43 de la Nueva Constitución Nacional establece, entre otras cosas, la acción de amparo en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente.

Aunque este recurso disfrutaba también de un amplio reconocimiento en el régimen constitucional argentino, tanto que fue reglamentado por la Ley 16.986, la jerarquía de la norma que actualmente lo reconoce refuerza su eficacia sobre todo en este tema. 16

En otro orden de cosas, el artículo Nº 121 establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hubieran reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Del reparto de competencias entre el Estado Federal y las Provincias que se mantiene en la Constitución Nacional, la materia ambiental resulta ser una facultad concurrente incluso en los municipios a los que ahora considera autónomos (Artículos 5 y 123), pero siempre dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Según el Artículo Nº 124, las provincias están capacitadas para crear regiones para el desarrollo económico y social y para establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, pudiendo también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o al crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional.

Cabe destacar finalmente, que el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio corresponde, según el nuevo texto constitucional, a las provincias.

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos enumerados en el artículo 75, inc. 22 se encuentran en un mismo plano jerárquico que la Constitución Nacional. Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece la obligación de los Estados Partes de adoptar las medidas necesarias para el mejoramiento del medio ambiente (art. 12) tiene jerarquía constitucional.

El resto de los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación y aprobados por el Congreso se encuentran por debajo de la Constitución Nacional, pero por encima de las leyes nacionales.

Los Tratados Internacionales que gozan de esta jerarquía, y están relacionados con el Proyecto, son los que a continuación se indican:

􀀹 Ley 24.295: (7-12-93) Aprobación Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Global.

􀀹 Ley 26.011 (16-12-04) Aprobación Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

3.1.2 Legislación Ambiental Nacional

En lo que hace a la legislación nacional, cabe hacer una distinción entre la legislación de fondo, integrada por los artículos aplicables de los Códigos Civil y Penal, y los demás instrumentos normativos referidos a los distintos aspectos ambientales sujetos a dicha regulación: 17

3.1.2.1. Legislación de Fondo

a) Artículos del Código Civil

Nuestro Código Civil, de aplicación en todo el territorio de la República Argentina por constituir una codificación de fondo, provee cierta tutela del medio ambiente, aunque sin constituir una defensa autónoma y específica del mismo, a través de las siguientes normas:

􀂾 Artículo 1113: Se refiere al daño causado por el riesgo o daño de la cosa, es el régimen objetivo de la responsabilidad. Esta norma presupone una actividad humana que incorpora al medio social una cosa peligrosa por su naturaleza o por su forma de utilización. Los daños típicos son los producidos por actividades que contaminan y degradan al medio ambiente, derivando su capacidad de daño de una actividad que, por sus características, genera un riesgo o peligro para terceros modificando y/o alterando el entorno o hábitat humano. La responsabilidad debe recaer sobre quien genera, fiscaliza, supervisa, controla o potencia la actividad riesgosa.

La obligación del que ha causado un daño se extiende a los que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. Para eximirse de la responsabilidad, el dueño o guardián debe demostrar que de su parte no hubo culpa; si el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, podrá eximirse total o parcialmente de responsabilidad si puede acreditar que la culpa le cupo a la víctima o a un tercero por quien no debe responder. No será responsable, por otro lado, si la cosa hubiese sido usada contra su voluntad expresa o presunta.

􀂾 Artículo 2499: En su segunda parte, este artículo habilita a todo aquél que tema que de un edificio o de otra cosa pueda derivar un daño a sus bienes a denunciar el hecho ante el juez a fin de que se adopten las pertinentes medidas cautelares.

􀂾 Artículo 2618: Se refiere a las inmisiones inmateriales o incorpóreas y a las propagaciones nocivas que, provenientes de un inmueble, se difunden en otro por el ejercicio de actividades ilícitas o permitidas. Según la norma, cualquier vecino puede accionar ante las molestias que le ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares que excedan la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas. La expresión daños similares, por su parte, permite la posibilidad de ampliar a otros daños semejantes o análogos aunque provengan de otras causas distintas de la enumeración legal.

Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de esta disposición, el juez deberá contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad, teniendo asimismo en cuenta la prioridad en el uso.

􀂾 Artículo 2621: Establece que no se puede construir cerca de una pared medianera o divisoria, pozos, cloacas, letrinas, acueductos que causen humedad; establos, depósitos de sal o de materias corrosivas, artefactos que se mueven por vapor u otras fábricas o empresas peligrosas a la seguridad, solidez y salubridad de los edificios o nocivas a los vecinos, sin guardar las distancias prescriptas por los reglamentos y usos del país. A falta de reglamentos se recurrirá a juicios de peritos. 18

􀂾 Artículo 2625: Establece que, aún separados de las paredes medianeras o divisorias, nadie puede tener en su casa depósitos de aguas estancadas que puedan ocasionar exhalaciones infestantes o infiltraciones nocivas, ni hacer trabajos que transmitan a las casas vecinas gases fétidos o perniciosos que no resulten de las necesidades o usos ordinarios, ni fraguas ni máquinas que lancen humo excesivo a las propiedades vecinas.

Estas cuatro últimas normas prohíben el uso abusivo e irregular, anormal o ntifuncional de la propiedad, hablándose de dominio con función social, no debiendo prevalecer la conducta antisocial o inadecuada, contraria al bien común, sobre el resto de la comunidad.

b) Artículos del Código Penal.

El Código Penal, cuya redacción original es de 1921, cuenta con algunas disposiciones que tipifican ciertos aspectos de la problemática ambiental. Al momento de la codificación, el concepto ambiental se hallaba ligado más al concepto de “salud pública” o a la noción de “seguridad común” que a lo que hoy entendemos por ambiente. Sin embargo, en este caso es dable mencionar:

􀂾 Artículo 182: Este artículo establece reprensiones para:

o el que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro saque aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos, o lo haga en mayor cantidad que aquélla a que tenga derecho; o el que estorbe el ejercicio de los derechos que un tercero tenga sobre dichas aguas;

o el que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represe, desvíe o detenga las aguas de los ríos, arroyos, canales y fuentes o usurpe un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

La pena deberá aumentar en aquellos casos en que, para cometer los delitos antes enunciados, se rompieran o alterasen diques, esclusas, compuertas u otras obras similares en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos a que se hiciera referencia.

􀂾 Artículo 200: En este caso, la acción punible es la de envenenar o adulterar, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales.

Tanto las aguas, alimentos o medicinas deben estar destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Existe daño potencial o situación de peligro, lo que por sí solo configuraría delito.

Los vertidos de líquidos residuales podrían eventualmente quedar encuadrados en lo establecido por este Artículo 200. 19

Por otra parte, los códigos de agua promulgados en los últimos treinta años incorporan capítulos o algunos artículos destinados a la prevención y control de la contaminación, basados en la prevalencia del interés general sobre el particular. Definen “usos comunes o domésticos” y “usos especiales”. Los primeros no requieren autorización y son los referidos a la satisfacción de las necesidades mínimas. Todos los otros usos están sujetos a reglamentación, deben estar registrados y autorizados. Entre estos últimos están los vertidos de líquidos residuales.

Si un usuario produce contaminación de las aguas, los Códigos autorizan al organismo de aplicación a suspender las actividades del causante.

3.1.2.2. Otras normativas destacadas:

La Ley Nº 25.675 – General del Ambiente – establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, estipulando además que la política ambiental nacional deberá cumplir los objetivos que a continuación se enuncian:

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

Luego de establecer los principios de la política ambiental, instaura como “Instrumentos de la política y la gestión ambiental” a los siguientes: 20

• El ordenamiento ambiental del territorio.

• La evaluación de impacto ambiental.

• El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.

• La educación ambiental.

• El sistema de diagnóstico e información ambiental.

• El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Asimismo, la Ley establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires, estipulando que el mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Por otro lado, la Ley define como daño ambiental a toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos, estableciendo que todo aquél que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción y, en caso de que ello no sea técnicamente factible, define que la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea a través del mismo Instrumento jurídico.

Se estipula que el Fondo de Compensación Ambiental será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.

Quedan facultadas las autoridades para poder determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.

La Ley 25.831 – Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental brinda los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

Define como información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular:

a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente;

b) Las políticas, planes, proyectos y acciones referidas a la gestión del ambiente. 21

Determina que el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada y que, para acceder a la información ambiental, no será necesario acreditar razones ni interés determinado.

Como “Sujetos obligados” se define a las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación.

Se establece como procedimiento que las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concertarán en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción.

En cuanto a la denegación de la información, esta sólo podrá ocurrir en los siguientes casos:

a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;

b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial;

c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;

e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados;

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;

g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones. Se consideran infracciones a la ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en los plazos establecidos, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. En dichos supuestos quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes.

Por otra parte, la Ley indica que las empresas de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas en la misma, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

La Ley N° 24.051, de residuos peligrosos, produjo a nivel nacional un cambio sustancial en materia jurídica, en cuanto a la gestión de los privados y de los organismos públicos competentes, respecto a los residuos peligrosos. 22

La clasificación y definición de residuos peligrosos incorporada en la misma es muy abarcativa y por lo tanto aplicable a la gran mayoría de los residuos industriales, tanto en su forma líquida como semisólida y sólida.

Esta Ley hace necesaria para su aplicación a nivel nacional la adhesión de las Provincias y su posterior reglamentación en cada una de ellas. Al momento actual, varias Provincias han adherido ya tanto a la Ley 24.051/92 como a su reglamentación.

El Anexo I de la Ley enumera una lista de 45 residuos peligrosos y el Anexo II hace lo propio con las características de peligrosidad. El Decreto 831/93, por su parte, establece en sus Anexos categorías de control y listados de características peligrosas.

Las sustancias incluidas en ambos anexos de la Ley 24.051/92 son absolutamente coincidentes con las enumeradas en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación aprobado por nuestro país mediante Ley 23.922 del 15/4/91.

De manera general, puede decirse que los criterios que definen la peligrosidad de un residuo son: a) que aparezca en los listados de elementos peligrosos del Decreto 831/93; b) que estén bajo alguna categoría de control dentro del Anexo I de dicho decreto y c) que posea alguna de las características de peligrosidad que figuran en el Anexo II del citado decreto.

La Ley excluye de su ámbito a los residuos domiciliarios, a los radioactivos y a los derivados de operaciones normales de buques.

El Decreto 831/93 establece, por su parte, procedimientos para establecer el límite de permisos de vertido y/o emisión de plantas de tratamiento o disposición final, para lo cual estipula niveles guía de calidad de aire ambiental, de aguas dulces como fuente de suministro humano, de constituyentes peligrosos de calidad de agua para uso industrial, de calidad de agua para cuerpos receptores superficiales y subterráneos y de emisiones gaseosas de constituyentes peligrosos.

La Ley 20.284/73 de calidad de aire – no reglamentada – contiene en su texto las “Normas para la Preservación de los Recursos del Aire” para todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal.

Si bien la Ley 20.284 no fue nunca reglamentada, resulta un hito inevitable cuando se habla de normas de calidad de aire ya que su texto incluye las normas de calidad de aire a nivel nacional antes enunciadas. Por ello, se entiende necesario comentar sus puntos más sobresalientes:

* El ámbito de su aplicación son todas las fuentes de contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en las provincias que deseen adherirse.

* La autoridad de aplicación está constituida por las autoridades sanitarias nacional, provincial y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones. 23

* Crea un Registro Catastral de Fuentes Contaminantes a cargo de la autoridad sanitaria nacional.

* Cada autoridad sanitaria local está autorizada a fijar por cada zona niveles máximos de emisión para los distintos tipos de fuentes fijas y móviles.

* Cada autoridad sanitaria local debe establecer un plan de preservación de situaciones críticas de contaminación atmosférica en base a tres niveles de concentración de contaminantes correspondientes a estados de alerta, alarma y emergencia.

* Para resolver situaciones interjurisdiccionales, la autoridad sanitaria nacional o cualquiera de las jurisdicciones comprendidas en un problema de contaminación atmosférica puede solicitar la creación de una comisión interjurisdiccional. Esta debe funcionar en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y debe estar integrada por un representante de cada una de las jurisdicciones involucradas y por uno del PEN.

* Establece multas, clausuras temporales o definitivas de las fuentes contaminantes e inhabilitaciones temporales o definitivas de los permisos de circulación, en el caso de unidades de transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial.

* Para el caso de Capital Federal, dispone que el Tribunal Municipal de Faltas tiene a su cargo el juzgamiento de las infracciones.

Resolucion Nro. 1139/2008. Programas de Reconversión Industrial. Esta resolución aprueba el Reglamento, Flujograma, Glosario y Modelo de Convenio de Reconversión Industrial. Fue sancionada el 07/08/2008. Dala importancia que posee para este documento, se reproduce su contenido original en el Anexo 2 y en diferentes secciones de este documento.

3.2 Nivel Provincial

3.2.1 Constitución Provincial. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires define, en su Art. 28, que sus habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. “En materia ecológica deberá [...] controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo [...] Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de calidad de agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora o de la fauna”.(Art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

En lo que hace al Régimen Municipal, establecido en la Constitución Provincial, es interesante destacar la cláusula 6ta del artículo 193, referido a las atribuciones de losmunicipios que indica: 24

“Siempre que hubiere de construirse una obra municipal, de cualquier género que fuere, en la que hubieren de invertirse fondos del común, la municipalidad nombrará una comisión de propietarios electores del distrito, para que la fiscalice.”

3.2.2 Legislación ambiental provincial. La Ley Nº 11.723 sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente, en su Art.1, define que dicha ley, conforme el artículo 28º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, anteriormente mencionado, tiene por objetivo la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.

El Art. 2, garantiza a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, los siguientes derechos:

a): A gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona.

b): A la información vinculada al manejo de los recursos naturales que administre el Estado.

c): A participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de la presente Ley.

Según el Art. 5, el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán, en la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el Art. 2, así como también de los principios de la política ambiental. Todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa (Inciso b).

La restauración del ambiente que ha sido alterado por impactos de diverso origen deberá sustentarse en exhaustivos conocimientos del medio, tanto físico como social; a tal fin el estado promoverá de manera integral los estudios básicos y aplicados en ciencias ambientales (Inciso c).

Según el Art. 6, el Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran.

El Art. 7 define que en la localización de las actividades productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta:

- La naturaleza y características de cada bioma;

- Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.

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Una respuesta to “PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA – RIACHUELO.”

  1. tomas Says:

    Hola quería saber donde podría encontrar el trabajo completo, ya que en esta página el trabajo llega hasta el marco legal aplicable en Provincia de Buenos Aires, y me gusaría verlo completo por lo menos hasta el nivel de marco legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el nivel municipal.

    Desde Filatina:
    En principio deberías visitar las páginas de la ACUMAR, la SAyDS, la CABA, la OPDS o AySA. Vamos a hacerlo nosotros para que tengamos la info completa. Gracias. Pablo Luis Caballero. FILATINA.

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