NO A LA TRATA. INFORME NACIONAL SOBRE TRATA DE PERSONAS (Documento presentado por la República Argentina)

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INFORME DE LA REPUBLICA ARGENTINA
SOBRE TRATA DE PERSONAS

INTRODUCCIÓN

El presente informe se ha elaborado para ser presentado en ocasión de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la OEA y se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en relación a la Resolución AG/RES. 2256 (XXXVI-O/06) de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El mismo ha centrado su enfoque en la descripción de aquellas  acciones que, habiendo sido implementadas  por la actual gestión gubernamental, guardan relación con las “Conclusiones y Recomendaciones de la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas” (Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, 14 al 17 de marzo de 2006) así como con las previsiones del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.

Para la confección de este documento el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos requirió los aportes de los Ministerios de Desarrollo Social; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Salud, de Educación, del Ministerio del Interior; de la Secretaría de Turismo del Ministerio de la Producción, de la Comisión Nacional de la Mujer dependiente de la Presidencia de la Nación; de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación; de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público de la Nación; del Ministerio Público de la Defensa; de Jueces Federales, Nacionales y Provinciales.

En el seno del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, han aportado información para el presente documento las siguientes áreas: Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Jefatura de Gabinete;  el Programa Las Víctimas contra las Violencias; las Divisiones de Tráfico y Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional Argentina, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; de la Secretaría de Derechos Humanos; de la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

A cada una de estas dependencias se les envió un cuestionario específico orientado conforme los cinco ejes temáticos que dieron andamiaje a la Reunión de Margarita y el documento de Conclusiones y Recomendaciones que se aprobó en la misma. Con las respuestas obtenidas se analizó la información suministrada y los puntos de vista sectoriales con el objetivo de  construir un abordaje integrador.

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

Nuestro país presenta un escenario combinado. Principalmente funciona como país de destino de víctimas extranjeras (en un alto porcentaje de nacionalidad paraguaya, seguido por dominicana, boliviana, peruana, y brasileña). En segundo lugar,  funciona como país de origen, en este caso las víctimas son especialmente mujeres y niños, que son reclutados generalmente en zonas del norte del país con destino América Central, y Europa. La citada zona norte también es lugar de captación para un considerable porcentaje de trata interna.

En relación a los fines de la trata podemos disociar la trata internacional de la interna.

  1. Trata Internacional:
    1. Las víctimas reclutadas en Paraguay, República Dominicana y Brasil, y en el propio territorio argentino son principalmente con fines de explotación sexual.
    2. Las victimas reclutadas en Perú y Bolivia, son en su gran mayoría, para fines de explotación laboral.
  2. Trata Interna:
    1. En un alto porcentaje, las víctimas mujeres y niñas, son reclutadas con fines de explotación sexual.
    2. En el caso de victimas hombres y niños, son mayoritariamente con fines de explotación laboral (especialmente para la realización de tareas en sectores agrarios).

La mayor información documentada refiere a víctimas de trata con fines de explotación sexual. En estos casos las condiciones son de sometimiento, coacción, con maltratos psíquicos, físicos y sexuales. La metodología suele ser, una primera etapa de “coacción” en un lugar determinado, luego un traslado al lugar de explotación.

En los casos de explotación laboral las condiciones son de precariedad, con hacinamiento, encierros prolongados, falta de alimentación adecuada, falta de condiciones para procurarse higiene básica y falta de descanso adecuado, lo que suele denominarse “sistema de cama caliente”. Dicha modalidad de trata, en Argentina, afecta mayoritariamente a la población migrante (en su mayoría países limítrofes como ser Bolivia y Perú). En estos grupos se identifican situaciones de discriminación por etnia o por su condición de indígena. Debido a esta tendencia, el Poder Ejecutivo Nacional, ha implementado diversos programas y planes de protección de estos sectores más vulnerables.

Las Fuerzas de Seguridad Federales, a través de sus divisiones especiales de Trata (creadas en el 2008 por Resolución Ministerial N° 1679) llevan a cabo los registros que le permiten configurar los mapas de rutas y el escenario nacional de la trata de personas. Estos diagnósticos, posibilitan visualizar las zonas más vulnerables a la trata e implementar medidas preventivas de manera selectiva, por este motivo la gran parte de las capacitaciones, campañas de sensibilización  se focalizan en el norte del territorio Argentino (Misiones, Formosa, Corrientes, Salta y Santiago del Estero) de donde, como ya se adelantara, proviene la mayor parte de la población víctima de trata interna.

En  relación a las actuaciones Policiales llevadas a cabo por las Fuerzas Federales, desde la sanción de la ley, el 29 de abril de 2008 hasta marzo de 2009,  se presenta el siguiente detalle correspondiente a la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Fuerza Intervinientes

PFA

GNA

PNA

PSA

Totales

Total de Allanamientos

96

49

5

5

155

Total de Detenidos

92

80

13

6

191

Víctimas Menores

31

39

5

3

78

Víctimas Mayores

67

100

11

1

179

Víctimas sin especificar

0

0

0

0

0

Total Víctimas Rescatadas

98

139

16

4

257

IMPLEMENTACIÓN DE LOS* INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA

En cuanto a la implementación de los Instrumentos Jurídicos Internacionales en la materia, la República Argentina ha sido tradicionalmente  muy activa en favor de la adopción  para la prevención y lucha contra la trata de personas.  No solo ha ratificado Tratados, sino que ha redactado y presentado proyectos, ejemplo de ello es el proyecto presentado por Argentina, durante  el primer período de sesiones del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional (Viena, 19 al 29 de enero de 1999), en este proyecto se contemplaban elementos para prevenir, reprimir y sancionar la trata internacional de mujeres, niños y niñas.[1]

Sin perjuicio de que se adjunta como ANEXO I del presente informe el listado íntegro de los instrumentos internacionales ratificados, resultan dables de ser mencionados especialmente:

  • en 1957, el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena” (1949) y, en 1960, su “Protocolo final” (1949), los cuales entraron en vigor el 25 de julio de 1951;
  • en 2002, el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” (2000) y el “Protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire” (2000) adicionales a la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” (2000), los cuales entraron en vigor para la República el 25 de diciembre de 2003, el 28 de enero de 2004 y el 29 de septiembre de 2003, respectivamente; y
  • en 2003, el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía” (2000), que entró en vigor el 18 de enero de 2002.

También ha ratificado: en 1964, la “Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud” (1956); en 2000, la “Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores” (1994), y en 2001, el “Convenio de la OIT Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación” (1999).

La base de la postura sostenida por Argentina en los diferentes foros internacionales en materia de trata de personas, responde a los principios de nuestra Constitución Nacional. Efectivamente el artículo 15 de la Constitución dispuso ya en el año 1853 que  “en la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración, agregando que todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República”. Además, declara en su Art. 17 que “ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley”.

Por otra parte, luego de la Reforma Constitucional de 1994, varios instrumentos internacionales de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional, por lo que las disposiciones relativas a la prohibición de la trata, esclavitud, servidumbre y otras prácticas análogas contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 4); en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 6); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 8); en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 6), y en la Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 34 y 35), se entienden como “complementarias de los derechos y garantías” reconocidos por nuestra Constitución Nacional (Art. 75, inc. 22 CN).[2]

También merecen especial mención,  las recomendaciones  y directrices que  habiendo emanado de Organismos Internacionales competentes en la materia son aplicadas en diferentes órganos estatales de Argentina. Ejemplo de ello, son las directrices emanadas del Alto Comisionado de Naciones Unidas  para los Refugiados, que son aplicadas por la Comisión Nacional para Refugiados.

La Comisión Nacional para Refugiados, órgano interministerial encargado de la resolución de las peticiones de refugio, analiza las solicitudes tomando en consideración los casos de aquellas personas que pudieren haber sido víctimas de trata y temieran enfrentar persecución al regresar a su país de origen por esa razón.

En cuanto a los aspectos procedimentales, cuando exista la sospecha de que se está frente a una víctima de trata,  las solicitantes mujeres son entrevistadas por personal femenino, en forma separada y sin la presencia de personal masculino de la familia ni terceros allegados, garantizando así que tengan la libertad de exponer su caso en un ámbito de confianza.

A su vez, se les proporciona información no solo sobre el procedimiento para determinar la condición de refugiados sino también sobre los mecanismos existentes a nivel nacional vinculados a la protección y asistencia a las víctimas de trata de personas.

Para la resolución del caso se tienen presentes también, las costumbres sociales y culturales del país y las consecuencias de su transgresión, la prevalencia de prácticas tradicionales perjudiciales, la incidencia y formas de violencia contra las mujeres denunciadas, la protección de que disponen, las penas impuestas a los que ejercitan la violencia y los peligros que la mujer puede enfrentar si regresa a su país de origen después de haber realizado una solicitud de asilo.

LEGISLACIÓN INTERNA

En cuanto a las medidas adoptadas en el plano de la legislación interna, merece especial mención, la ley 9143, iniciativa del legislador socialista Alfredo Palacios, aprobada el 23 de septiembre de 1913. Esta ley implementa el delito de lenocinio (proxenetismo), primera ley tendiente a proteger a las victimas de trata sexual, penalizando a sus responsables y colocando a la Argentina en la vanguardia legislativa de la época. Por ese motivo, el 23 de septiembre se conmemora la lucha contra la trata de mujeres según lo estipuló la Coalición Internacional Contra el Tráfico de Mujeres en el Congreso Mundial de Dacca, Bangladesh, en enero de 1999.

Otro punto de inflexión en la historia de la legislación Argentina en materia de trata, es la sanción de la Ley Nº 26.364 “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas [3], sancionada el 9 de abril de 2008, con el objetivo de implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. En ese sentido, avanza en el establecimiento de tipos penales específicos, establece la competencia federal para la persecución y juzgamiento de tratantes e impone obligaciones estatales en relación con las víctimas, cuyos derechos ya habían sido reconocidos legislativamente por la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (en adelante, Protocolo de Palermo).[4]

Sin perjuicio de que se adjunta como ANEXO II del presente informe copia del texto completo de la Ley N° 26.364,  resultan dables de destacar en el marco de este informe, algunos de sus artículos.

Así, al abordar el tema de los derechos de las víctimas del delito de trata de personas prevé en su art. 6:

Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:

a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;

b) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;

c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;

d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;

e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764.

f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;

g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

h) Ser oídas en todas las etapas del proceso;

i) La protección de su identidad e intimidad;

j) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;

k) Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio;

l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad.

Por su parte, el artículo 8 establece el derecho a la privacidad y reserva de identidad, disponiendo lo siguiente:

En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.

Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.

En relación con la asistencia consular y el retorno de víctimas al país, el artículo 9 establece que:

Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.

La mencionada Ley Nº 26.364 comprende todas las prácticas mencionadas en el artículo 3 del Protocolo de Palermo y además añade algunas otras. Al respecto define como:

  • Trata de mayores de 18 años”: a la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta. (Art. 2).
  • Trata de menores de 18 años”: al ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación (Art. 3). Asimismo dispone que “existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de dieciocho (18) años no tendrá efecto alguno” (Art. 3).
  • Explotación”: cuando: a) se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas; b) se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual; y d) se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos (Art. 4).

En relación con la tipificación, la ley introduce en el Título V relativo a los “Delitos contra la Libertad” del Código Penal de la Nación, los delitos de trata de mayores y menores de dieciocho (18) años, prescribiendo como penas las siguientes:

Trata de mayores de 18 años (Art. 10 de la Ley; nuevo art. 145 bis del Código Penal)

  • de 3 a 6 años de prisión a quien captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de 18 años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación;
  • de 4 a 10 años de prisión cuando:

a) el autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

b) el hecho fuere cometido por 3 o más personas en forma organizada;

c) las víctimas fueren 3 o más.

Trata de menores de 18 años (Art. 11 de la Ley; nuevo art. 145 ter del Código Penal)

  • de 4 a 10 años de prisión, a quien ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de 18 años de edad, con fines de explotación.
  • de 6 a 15 años de prisión cuando la víctima fuere menor de 13 años.
  • de 10 a 15 años de prisión, en cualquiera de los supuestos anteriores, cuando:

a) mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;

b) el autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

c) el hecho fuere cometido por 3 o más personas en forma organizada;

d) las víctimas fueren 3 o más.

En cuanto a la tentativa de trata, participación como autor, cómplice (primario o secundario) e instigador, se aplican los principios generales establecidos en los artículos 42 al 49 del Código Penal de la Nación. Igualmente, la ley 26.364 establece que:

Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:

Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentre privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de ocho (8) a quince (15) años.

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen. (Art. 12 de la Ley; nuevo art. 41 ter del Código Penal)

La mencionada Ley 26.364 prohíbe la criminalización de las víctimas, su deportación y su alojamiento en establecimientos policiales o penitenciarios, disponiendo en sus artículos 5 y 7 que:

Artículo 5. No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara”.

Artículo 7. Alojamiento de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.”

Por otra parte, con fecha 27 de noviembre de 2008 se aprueba, por Resolución 160/08 del Sr. Procurador General, el Plan de Trabajo para el delito de trata de personas para el año 2009, elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), para una mejor y más eficiente asistencia a los fiscales federales en la detección e investigación de casos de trata de personas. Las recomendaciones contenidas en el mencionado Plan, propician que una investigación penal sobre el delito de trata de personas, atienda especialmente a la investigación patrimonial de los autores del delito, dada la necesidad de garantizar la satisfacción de las sanciones pecuniarias que puedan derivar del delito comprobado.

PREVENCIÓN

Llegado este punto, y a fin de brindar en este informe un panorama general de la actividad que el Gobierno Nacional Argentino desarrolla en la materia  se abordarán a continuación las medidas de prevención que se están desarrollando.

Desde la ratificación del Protocolo de Palermo, en el año 2002 a la fecha, diversas áreas ministeriales han profundizado y fortalecido las medidas de prevención, en particular mediante el desarrollo de campañas de difusión como plataforma imprescindible para concientizar y sensibilizar a agentes gubernamentales así como a actores claves de la sociedad civil, agentes comunitarios, sectores sindicales, estudiantes universitarios y secundarios, entre otros.

En pos de este objetivo, se han firmado diversos convenios de cooperación y colaboración interministerial y se ha trabajado de manera conjunta tanto con Organismos Internacionales (OIM, UNICEF, OIT) como con Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones de la Sociedad Civil.

Del mismo modo, se han realizado campañas en los medios de comunicación (televisivo, radial y escrito) nacionales y locales (provinciales), a fin de difundir información sobre la temática. Por otra parte se han desarrollado ciclos de charlas-taller, de cine, foros, distribución de folletería, encuestas, entre otras actividades de difusión.

En Margarita se instó a los Estados Miembros, a que en concordancia con su legislación nacional, consideren desarrollar planes y programas de difusión del conocimiento de la problemática de la trata de personas en las instituciones educativas de todo nivel, haciendo énfasis en la educación como uno de los factores primordiales y fundamentales en la prevención de este delito. A tal fin, estudiarán la posibilidad de incluir en los programas de estudio de los diferentes niveles académicos el tema de la trata de personas.

Con el objetivo señalado en el párrafo anterior, actualmente en el Congreso de la República Argentina, se está debatiendo un proyecto de ley que busca incorporar  a la educación pública nacional la temática sobre el delito de trata de personas, en la materia o el área curricular que se considere conveniente,  a fin de desarrollar los siguientes puntos: la Definición del delito de trata de personas, los Derechos de las víctimas de trata, las  Obligaciones de las autoridades, las Normativa penal y procesal aplicable, la Difusión de la Ley Nº 26.364 y Aspectos sociales y psicológicos del delito.

Por otra parte,  la Secretaría de Turismo de la Nación, realiza talleres de sensibilización en Universidades e Institutos Terciarios en los cuales se forman los futuros profesionales de turismo, como así también se está incorporando la materia en los programas de estudios de diversas carreras universitarias y terciarias.

Del mismo modo, la aplicación de la Ley de Trata y su efectiva vigencia, se ha incorporado la temática en los programas de la Maestría en Magistratura que dicta la Universidad de Buenos Aires, a través de su Departamento de Posgrado.

CAMPAÑAS DE INFORMACI

ÓN

Para el Gobierno argentino resulta de vital importancia que las campañas informativas  dirigidas a concientizar a la sociedad en la prevención y el combate del delito de la trata de personas lleguen a la totalidad de la población y en función de ello se utilizan diferentes vías y ámbitos de convocatoria.

En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en articulación con  la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, ha organizado diversas charlas, jornadas de debate, talleres de capacitación y otras reuniones referidas a la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de explotación sexual.

El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),  a lo largo del año 2007 auspició la campaña de información pública “No a la Trata de Personas, No a la Esclavitud Moderna”, desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), compuesta por un spot televisivo y uno radial, completándose con una serie de piezas gráficas.

Las distintas delegaciones provinciales del INADI, realizaron campañas informativas  de prevención y combate contra la trata de personas, mediante numerosas reparticiones de volantes, jornadas de sensibilización en la vía pública (cartelería), presencia en radios y televisión locales; ciclos de cines-  debates y charlas – taller. Haciendo hincapié en la violencia y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Desarrollo Social, mediante la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, llevó a cabo una campaña gráfica comunicacional, elaborando material gráfico para la Triple Frontera. El material realizado en español, quechua y aymará, ha sido distribuido en las zonas de la frontera.

Dicho Ministerio, también desarrolló una campaña de sensibilización: “los derechos de niñas, niños y adolescentes, contra la trata y explotación en ciudades gemelas/ La Quiaca – Villazón”, acordado por la República de Bolivia y la República Argentina. Esta campaña se desarrolló en español, quechua y aimará.

El Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Turismo, llevó a cabo talleres y campañas de sensibilización, dictadas en universidades e institutos terciarios donde se forman los futuros profesionales de turismo.

En este marco,  es pertinente señalar la existencia del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que constituye un espacio compuesto por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), que surge a partir de la propuesta N° 208 del Plan Nacional contra la Discriminación. Sus objetivos son: Ejercer un seguimiento y análisis sobre el formato y los contenidos de las emisiones de radio y televisión que pudieran incluir cualquier tipo y / o forma de discriminación.; difundir las conclusiones sobre los contenidos analizados y generar un espacio de intercambio con los protagonistas de los medios audiovisuales y responsables de la producción de contenidos; favorecer  la participación de la comunidad en la construcción de alternativas para el abordaje de la discriminación en medios audiovisuales.

Dicho observatorio actúa de oficio y / o por reclamos o denuncias que él mismo o cualquiera de los organismos intervinientes reciben. Se supervisa el material a los fines de analizar si las formas y/o contenidos incluyen alguna forma de discriminación, prejuicio, burla, agresión, y / o estigmatización hacia algún grupo o sector de la población. Se elabora un informe y se invita a las / os responsables del mensaje a participar de una mesa de diálogo, al tiempo que se difunde ampliamente a través de medios masivos de comunicación. Actualmente, el foco refiere específicamente la discriminación por cuestiones de género con el fin de prevenir expresiones estigmatizantes que reproduzcan la violencia de género y / o  la situación subordinada de la mujer. Al respecto, se han realizado informes, a los que se pueden acceder en

www.obserdiscriminación.gov.ar/informes

Asimismo,  la Policía Federal Argentina ha lanzado en un canal de aire televisivo, el programa “PREVENIR”, donde se abordan diversos temas referidos a la problemática.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Otro objetivo de la actual política nacional en materia de trata es promover la integración de la perspectiva de género en todos los programas y proyectos incluyendo aquellos destinados a la protección de las mujeres víctimas de la violencia, discriminación, maltrato, explotación, trata y abuso.

Entendiendo que el combate a la problemática de trata de personas debe partir de la construcción de un modelo diferente de relacionamiento entre varones y mujeres, en este sentido las políticas públicas de equidad de género constituyen el instrumento más adecuado para revertir a mediano y largo plazo la violencia que se ejerce especialmente sobre las mujeres y niñas.

En ese marco El Programa Las Victimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, desarrolla una constante campaña de defensa de los derechos de las mujeres, promoviendo la aplicación de la perspectiva de género en toda política implementada.

El Instituto Nacional con la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) participa de actividades de capacitación contra toda forma de discriminación, a lo largo del territorio nacional, en las que se utiliza y difunde material producido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tales como afiches, videos, spots para radio y televisión. A lo largo de esta campaña se ha promovido la utilización de la línea gratuita de atención telefónica nacional del INADI, que recibe denuncias de toda la temática abordada por el INADI, las 24 hs, los 365 días del año.

El Consejo Nacional de la Mujer, articula su accionar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, desde el 2007, inició un proceso de capacitación interna sobre la trata de personas con actividades a ser desarrollada con las áreas e instituciones que trabajan el tema Mujer en el interior del país.

El citado Consejo, impulsa  políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, fortaleciendo las áreas “Mujer” provinciales y municipales.
En esta línea de acción,  Impulso y monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados internacionales: i) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, en nuestro país, a partir de la reforma constitucional de 1994; y ii) Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia: “Convención de Belém do Parà, ley 24.632, aprobada por el Congreso Nacional, en 1996.

Argentina, en consonancia con lo dicho en los párrafos anteriores, también considera prioritario promover la realización de programas de capacitación y sensibilización para las autoridades nacionales, especialmente las migratorias, consulares, sanitarias, y policiales, en materia de la trata de personas tomando en cuenta un enfoque de género y combate a la discriminación;

Desde el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa de Las Víctimas Contra las Violencias han realizado tareas de formación, capacitación y sensibilización sobre la temática, dirigidas a funcionarios provinciales y municipales, como también para agentes comunitarios, efectores de salud y sectores sindicales.

El Consejo Nacional de la Mujer de la Presidencia de la Nación de la República Argentina, a partir del año 2007, inició procesos de capacitación interna sobre la trata de personas que continuará, en una segunda etapa, con actividades a ser desarrolladas con áreas e instituciones que trabajen el tema Mujer en el interior del país. Dicho Consejo también llevó a cabo capacitaciones con la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, y con el Municipio de Comodoro Rivadavia, entre otras.

El Ministerio de Desarrollo Social realizó, en coordinación con el Área de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, capacitaciones, congresos y seminarios de sensibilización destinados a organismos gubernamentales, estudiantes universitarios y secundarios, fuerzas de seguridad, equipos técnicos provinciales y municipales. A fin de entender la temática se abordó desde el enfoque de género, factores generadores de la demanda, combate a la discriminación, asistencia y prevención.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el INADI, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Jefatura de Gabinete de Ministros presentaron al Presidente de la Nación el documento titulado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación. La Discriminación en Argentina. Diagnóstico y Propuestas”. El mismo fue aprobado por el Decreto Presidencial N° 1086 del 7 de septiembre de 2005 y contiene los lineamientos estratégicos del Plan Nacional contra la Discriminación.

Dicho Decreto invita al Honorable Congreso y Poder Judicial de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar de los estudios y acciones para la formulación del futuro Plan Nacional.

CAPACITACIÓN

Todas las áreas ministeriales e instituciones involucradas con la problemática han focalizado sus esfuerzos en capacitar y sensibilizar a sus funcionarios, agentes y operadores. Las perspectivas de género como el respeto a los derechos humanos han sido temáticas trasversales en los diseños de dichas capacitaciones.

Los funcionarios implicados en la temática han recibido la capacitación acorde a su disciplina.

En el caso de la Dirección Nacional de Migraciones la capacitación de los funcionarios ha sido  el “Curso Virtual de la Organización Internacional para las Migraciones- Lucha en contra de la Trata de Personas”, realizada durante el transcurso del año 2008.

Los oficiales y suboficiales de la Policía Federal participan de capacitaciones dictadas por los profesionales del Programa Las Victimas Contra las Violencias, procurando enriquecer los conocimientos y capacidad resolutiva del personal en casos reales

El Ministerio de Desarrollo Social junto con la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, llevó a cabo capacitaciones destinadas a organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, poder judicial y equipos técnicos, con el objeto de hacer cumplir las normas de protección a las víctimas, incluida la protección frente al tratante, reforzar métodos de aplicación para enjuiciar a los tratantes, prevenir dicha trata. La temática aborda desde el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, violencia familiar, derechos humanos, pornografía infantil, responsabilidad social del sector turístico, protección de los derechos del niño y el adolescente, prevención y erradicación de la trata y asistencia a sus víctimas, entre otras.

El Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia bajo su órbita, realiza capacitaciones en la temática a docentes de todas las jurisdicciones; como así también ha desarrollado materiales de sensibilización.

En el marco de las actividades de capacitación de los miembros del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, la Dirección General de Derechos Humanos junto con la Dirección General de Asuntos Consulares han organizado un curso de formación sobre la cuestión de la trata de personas, que, desde el año 2007, integra el curso de actualización consular que se brinda sistemáticamente a los funcionarios diplomáticos y adscriptos al Servicio Exterior de la Nación. El citado curso ha sido diseñado en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Lucha contra la Trata de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre las funciones asignadas a la Capacitación a funcionarios del Servicio Exterior se halla la ya mencionada asistencia a ciudadanos argentinos que puedan ser víctimas de Trata de Personas, con las diversas variantes de explotación, las cuales pueden incluir: la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; los servicios o trabajos forzados; la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud; la servidumbre o la extracción de órganos. Estas funciones se realizan mediante la asistencia a través de la Red Consular, a connacionales mayormente de sexo femenino, mujeres adolescentes y niñas.

En este sentido y atento a las particularidades de este grave delito, desde el año 2007, se ha estimado imprescindible la inclusión en el Curso de Actualización Consular aspectos imprescindibles para el abordaje de los casos, con el objetivo de que los funcionarios cuenten con mayores elementos para identificar y brindar debida asistencia a las víctimas de “trata de persona”, acorde a la responsabilidad que asumió el Estado argentino respecto a la prevención de dicho delito y la asistencia a sus víctimas. Dichos cursos se dictan conjuntamente con la Dirección General de Derechos Humanos.

Sin perjuicio de lo arriba mencionado, también se han dictado cursos de capacitación centrados en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los tratantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los tratantes.

La Secretaria de Turismo del Ministerio de Producción, realizó capacitaciones de sensibilización de los dirigentes de las Asociaciones Empresariales del sector Turístico Nacional.

Siendo muy extensa la lista de actividades de capacitación desarrolladas, sin perjuicio de las menciones hechas en los párrafos anteriores se adjunta un listado más exhaustivo de las mismas como Anexo III de la presente.

COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

En otras de las recomendaciones que surgieron de la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas se insta  a los Estados Miembros a estudiar el establecimiento de una Entidad Nacional interinstitucional encargada de la Coordinación de las acciones para prevenir y combatir el delito de la trata de personas y garantizar la protección y atención a las víctimas.

Es en el marco de esa recomendación, que en el año 2008 mediante la Resolución 2149/08, se crea bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de justicia, Seguridad y Derechos Humanos,  la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. En el marco de sus facultades se encuentra la centralización de todas las denuncias, oficios y demás presentaciones vinculadas a la trata de personas, (art. 3 de la citada resolución). La información que dicha oficina centraliza proviene de los registros confeccionados por las divisiones específicas, para el combate y la prevención del delito de trata de personas, de cada una de las Fuerzas de Seguridad Federales, que fueron creados en el marco del Ministerio de Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos, mediante la Resolución N° 1679. A saber; la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, el Departamento de Trata de Personas de Gendarmería Nacional, y el Departamento de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de Prefectura Naval Argentina, y la División Trata de Personas  de la Subintervención de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Desde la óptica de coordinar acciones y entendiendo que la eficiencia de la lucha contra la trata requiere de la articulación entre los diferentes ministerios, en Argentina coordinan su accionar sobre la materia el Ministerio de Justicia,  Seguridad y Derechos Humanos,  el Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio Público (Procuración y Defensorías Generales de Nación);  el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y  la Secretaría de Turismo de la Nación.

Se suma a lo dicho en el párrafo anterior el trabajo conjunto con Organismos Intergubernamentales Internacionales, Organismos Internacionales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Lo dicho en el párrafo anterior refirma lo señalado en el inicio de este informe con relación a que Argentina aborda la problemática de la trata de personas desde una perspectiva interdisciplinaria e interministerial, donde cada uno de los Ministerios Nacionales interviene según sea el área de su competencia.

En el marco arriba expuesto se desarrolla a continuación un  resumen de algunas de las áreas, planes y programas creados  por los diferentes Ministerios:

  1. En el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos son dables de señalar:

1.1.  La  mencionada Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creada mediante Resolución 2149/08 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Dicha Oficina está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores social y abogados que tienen a su cargo la prevención e investigación del delito de trata de personas y acompañamiento y asistencia jurídica a las personas damnificadas por este delito, hasta el momento de la declaración testimonial de la víctima.

1.2.  El Programa Las Víctimas contra las Violencias, que tiene entre sus funciones brindar asistencia a las víctimas de abusos o maltratos, causados por el ejercicio de violencia cualquiera fuere su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos. También se han implementado la Brigada Niñ@s cuya tarea principal es brindar atención a víctimas en situación de explotación sexual o de trata de personas y prevenir, en articulación con las Fuerzas de Seguridad, la presente modalidad delictiva.

1.3.  La Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene entre sus funciones promover políticas de promoción, protección, defensa y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual.

1.4.  El Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (Ley N° 25.746) cuyo objeto es organizar y entrecruzar la información de todo el país en una base de datos sobre personas menores de edad de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que fueran localizados o se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, en todos los casos en que desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios.

1.5.  Las Unidades específicas para la prevención e investigación del delito de trata de personas, creadas por Resolución 1679/2008, en todas las Fuerzas de Seguridad Federales, es decir, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estas unidades se suman a la ya existente División Delitos contra Menores y División Delitos en Tecnología de la Policía Federal Argentina. [5]

2. El Ministerio de Desarrollo Social, por intermedio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia viene desarrollando acciones de asistencia técnica, asistencia a víctimas de trata de personas, capacitación, jornadas de intercambio, congresos en ciudades gemelas, articulación con organismos gubernamentales, elaboración de documentos y campañas de difusión y sensibilización masiva sobre el tema. Asimismo, cuenta con áreas específicas, como ser Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas. [6]

  1. En virtud de la menciona ley y normas reglamentarias, toda persona que salga o arribe al país deberá someterse al control migratorio lo cual implica una verificación de personas y sus respectivas identidades, constataciones de eventuales impedimentos que posean y, en el caso de menores, verificación de autorización suficiente para realizar ese movimiento migratorio. El Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM) es el sistema informático utilizado a tal fin por la Dirección Nacional de Migraciones. [7] Este sistema informático posee un aplicativo que permite hacer el seguimiento de mayores egresando del territorio nacional con menores y detectar la posibilidad de múltiples egresos de un mismo mayor con diferentes menores.
  2. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuenta con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) que es una política del Estado que mediante la fiscalización del trabajo procura que sean ingresados en el Sistema de la Seguridad Social aquellos trabajadores asalariados no declarados en el mismo. En las fiscalizaciones que se realizan habitualmente, es posible que se detecte situación de trata. [8]
  3. El Ministerio de Salud de la Nación posee el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la Ley N°25.673, que ha encarado con decisión el enfoque de género y su implementación. [9]
  4. La Procuración General de la Nación mediante la Resolución PGN N° 100/08 del 22 de agosto del 2008, Dispone que, la problemática vinculada con la investigación de los delitos previstos en los arts. 145 bis y ter del Código Penal y sus conexos, serán competencia de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. También, a través de la Resolución PGN N° 160/08 del 27 de noviembre del 2008, se aprueba el Plan de Trabajo para el delito de trata de personas elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. [10]
  5. La Defensoría General de la Nación tiene un rol fundamental con respecto a las Defensorías para atender a víctimas de trata de personas. Asimismo, cuenta con Unidad de representación civil y penal de las víctimas del delito de trata de personas, sobre todo en casos de víctimas menores de edad, y la especialidad en la materia con la que deben contar los magistrados de este Ministerio Público de la Defensa que ejerzan dicha representación. Actualmente, desde este organismo, se está implementando un Programa piloto mediante el cual el Ministerio Público de la Defensa presta colaboración al Programa del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, desarrollando sus incumbencias naturales para la protección de las personas menores de edad víctimas de delitos contra la integridad sexual y de trata. [11]
  6. La Secretaría de Turismo de la Nación, trabaja desde Agosto de 2005 a través del Programa Turismo Responsable e Infancia dependiente de la Dirección Nacional de Gestión de la Calidad Turística, en la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo : prevención de la explotación sexual, laboral y la trata. Las estrategias adoptadas implican:

8.1.  A nivel nacional:

8.1.1.  El trabajo en red con programas de otros ministerios nacionales a través de la participación en la Mesa Interministerial del Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

8.1.2.  La información  sobre los avances de programa a las autoridades turísticas de las provincias, durante las reuniones del Consejo Federal de Turismo.

8.1.3.  La sensibilización  de  los dirigentes de las Asociaciones Empresariales del Sector Turístico Nacional.

8.2.  A nivel internacional:

8.2.1. Se participa activamente como miembros del Grupo de Acción de la Organización Mundial de Turismo sobre Prevención de la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en Turismo, y del Grupo de Acción Regional para la Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo. [12]

ASISTENCIA

Resulta de trascendental importancia en la temática que nos ocupa la asistencia a las víctimas. En el tema son dables de destacar las tareas desarrolladas  por la ya mencionada Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Dicha Oficina tiene entre otras acciones la de acompañar y asistir jurídicamente a las personas damnificadas por el delito mencionado hasta el momento de la declaración testimonial de la víctima. Igualmente, el Programa las Víctimas contra las Violencias tiene entre sus funciones brindar asistencia a las víctimas de abusos o maltratos, causados por el ejercicio de violencia, cualquiera fuere su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos.[13] En el marco de este Programa, también se ha implementado la Brigada Niñ@s, cuya tarea principal es brindar atención a víctimas en situación de explotación sexual o de trata de personas y prevenir, en articulación con las fuerzas de seguridad, la presente modalidad delictiva.

Párrafo especial merece en el tema la actividad del Ministerio de Desarrollo Social, que en forma articulada con el Ministerio de Justicia, brinda  a las víctimas asistencia de carácter integral y comprende, en una primera etapa: el alojamiento, vestimenta, la asistencia social, atención médica, psicológica, orientación legal, provisión de documentación y la decisión o no del retorno voluntario y asistido. En una segunda etapa se trabaja sobre la reconstrucción del proyecto de vida de las/los jóvenes.

Argentina, por intermedio de sus consulados,  brinda asistencia a ciudadanos argentinos  en el exterior que puedan ser víctimas de Trata de Personas, con las diversas variantes de explotación, las cuales puede incluir: la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; los servicios o trabajos forzados; la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud; la servidumbre o la extracción de órganos. Estas funciones se realizan mediante la asistencia a través de la red Consular, a connacionales mayormente de sexo femenino, mujeres adolescentes y niñas.

Asimismo, cabe destacar, el rol de las defensorías para atender a víctimas de trata de personas y  la unidad de representación civil y penal de la víctimas del delito de trata de personas, sobre todo en casos de víctimas menores de edad y la especialidad en la materia con la que deben contar los magistrados de el Ministerio Público de la Defensa que ejerza dicha representación.

En tal sentido, en octubre del 2008, la Defensoría General de la Nación, celebró un Convenio Marco con el Programa “Las Víctimas Contra las Violencias” del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Dicho convenio plantea la cooperación y asistencia técnica mutua.

Con el fin de concretar los propósitos y objetivos señalados en el Convenio se acordó que en los casos en los cuales resulte necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, a tenor de lo dispuesto en el art. 59 del Código Civil y el art. 54 de la Ley N° 24.946, se asignan como defensorías temáticas en el marco del proyecto, a dos defensorías públicas de menores e incapaces de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo, que actuando alternadamente, atienden los casos que el Programa “Las Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación deriva, cuando éstos necesiten la protección y asistencia del Ministerio Público.

Asimismo, se estableció que los Señores Defensores Públicos de menores e incapaces intervendrán en plena aplicación de la normativa constitucional, de los tratados internacionales, los Códigos Civil, Penal y Procesales, la Ley N° 24.946 y todas las normas nacionales y locales de protección de los niños, niñas y adolescentes, en la representación de personas menores de edad en aquellas acciones civiles, reclamos por daños y perjuicios en mediación y en juicio, venias y autorizaciones judiciales, cuando no lo hicieren sus representantes necesarios o estuvieren impedidos de hacerlo, alejados de ellos o con intereses contrapuestos.

En lo que refiere a las Fuerzas de Seguridad actuantes, cada una de ellas cuenta con un  división específica de trata, cuyo personal recibe  en forma programada capacitación focalizada no sólo en la persecución sino también  en la protección de la víctima, identificación de las mismas, políticas de rescate, así como su atención integral para su recuperación física, psicológica, social y emocional, y su seguridad individual. En sus operativos son acompañadas por el equipo interdisciplinario del Programa las Víctimas contra las Violencias.

También en el ámbito  de la Secretaría de Derechos Humanos, la Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, como se mencionase anteriormente, tiene entre sus funciones promover políticas de promoción, protección, defensa y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual. Por otra parte, el Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (Ley Nº 25.746), tiene por misión organizar y entrecruzar la información de todo el país en una base de datos sobre personas menores de edad de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que fueran localizados o se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, en todos los casos en que se desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios.

EXPLOTACIÓN LABORAL

Con relación a la lucha contra la explotación y la protección de los derechos de los trabajadores, incluidos los grupos vulnerables tales como los trabajadores migrantes, recomendación expresa de la Reunión de Margarita, es dable destacar que la constitución Argentina, contiene desde su reforma de 1957 el artículo 14 bis que protege los derechos de los trabajadores, determinando que: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna
.”

Sin perjuicio de la normativa existente en Argentina sobre la protección jurídica de los trabajadores, en el año 2008, se sancionó la Ley N° 26.390 -Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente  (Modificación de las Leyes Nos 20.744, 22.248, 23.551, 25.013 y del Decreto Ley Nº 326/56) Sancionada el 4 de Junio de 2008 y Promulgada de Hecho el 24 de Junio de 2008.

Con relación a los trabajadores migrantes, quienes resultan especialmente vulnerables frente a la explotación laboral es dable señalar  que Argentina, en los últimos años ha desarrollado una política migratoria basada en el principio de responsabilidad compartida, el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscriptos sobre la materia y, muy especialmente, en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de los migrantes. Esta política fomenta una equiparación entre los derechos laborales de nacionales y extranjeros. Así en la nueva Ley de Migraciones,  Ley N° 25.871, se establece en su artículo 4 que “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”.

Por su parte el art. 6 de la citada ley establece que: “el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo, y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.”

Por su parte el art. 56 de la mencionada Ley N°25.871 establece que “La aplicación de la presente Ley no eximirá al empleador o dador de trabajo del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la legislación laboral respecto del extranjero, cualquiera sea su condición migratoria; asimismo, en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los extranjeros como consecuencia de los trabajos ya realizados, cualquiera sea sus condición migratoria.”

Asimismo, en cuanto al tema de difusión de la normativa que ampara a los trabajadores migrantes la citada Ley N° 25.871, determina en su artículo 9, que “La autoridad de aplicación adoptará todas las medidas que considere apropiadas para difundir la información mencionada y, en el caso de los trabajadores migrantes y sus familias, velará asimismo porque sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones. La información requerida será brindada gratuitamente a los extranjeros que la soliciten y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender” además en el artículo 16 de la citada Ley N° 25.871,  se declara que el Estado tomará todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación laboral en el territorio nacional de inmigrantes en situación irregular, incluyendo la imposición de sanciones a los empleadores, aclarando en tal sentido que los “residentes transitorios” cuentan con una regulación particular.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuenta con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) que es una política del Estado que mediante la fiscalización del trabajo procura que sean ingresados en el Sistema de la Seguridad Social aquellos trabajadores asalariados no declarados en el mismo. En las fiscalizaciones que se realizan habitualmente es posible que se detecte situación de trata. [14]

La Secretaria de Trabajo de dicho Ministerio, con la Dirección de Asuntos Internacionales, desarrollaron en conjunto, con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), los contenidos del curso de capacitación dirigido a inspectores del trabajo de las delegaciones del MTEySS, que se llevó a cabo a través de una plataforma virtual, construida por dicho organismo, durante los meses de octubre a diciembre de 2008.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, cuenta con la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, quienes tienen la responsabilidad primaria en planificar y coordinar acciones específicas de asistencia directa, observación activa y defensa de los derechos humanos de las personas y de los grupos vulnerables, tendiendo cuando fuera conveniente a la aplicación del principio de la discriminación favorable sobre bases temporarias.

CONTROLES MIGRATORIOS

Otro tema de importancia para los mecanismos de lucha contra la trata es el de los controles migratorios. En Argentina, el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones tiene asignada la competencia del control de ingreso y egreso de personas al país y ejercer el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros en todo su territorio, por Ley N° 25.871.  En virtud de la mencionada ley y normas reglamentarias, toda persona que salga o arribe al país deberá someterse al control migratorio,  lo cual implica una verificación de personas y sus respectivas identidades, constataciones de eventuales impedimentos que posean y, en el caso de menores, verificación de autorización suficiente para realizar ese movimiento migratorio. El Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM) es el sistema informático utilizado a tal fin por la Dirección Nacional de Migraciones. Las principales funcionalidades de este sistema son: la verificación de la Aptitud Migratoria, control de Visas y Permisos de Ingreso, comparación contra Actuaciones DNM, aplicación de normativa para menores, posibilidad de uso de biometría, registración de ingreso y egreso al territorio nacional, y generación de reportes.

El SICAM permite, sin perjuicio de los compromisos asumidos por nuestro país, relativos a la libre circulación de personas, reforzar los sistemas de información en los controles fronterizos, necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. [15]

También, resulta importante reforzar los controles al transporte comercial. En el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación, el Programa Turismo Responsable e Infancia tiene por objeto la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, a través de la implementación de acciones de sensibilización dirigidas al sector público y privado del turista, como así también a las poblaciones anfitrionas y a los turistas. Procura generar un turismo sustentable y responsable, previniendo que los actores antes mencionados, no se involucren directa o indirectamente en situaciones de vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.

En este contexto, en octubre del año 2007, fue firmado el convenio que formaliza la creación del Comité Nacional del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo. El Código de Conducta es una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y ECPAT Internacional para combatir y prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que se ha extendido a más de setenta países. Actualmente, más de seiscientas empresas turísticas en el mundo han adherido al Código de Conducta y desarrollado sus propias políticas de conducta. Se trata de un instrumento que implica una declaración formal, de libre adhesión, destinada a orientar y regular la conducta ética de empresas, organizaciones y profesionales relacionados directa o indirectamente con la industria del turismo, promoviendo la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y evitando su explotación sexual o laboral y la trata para ambos fines, que por primera vez desde su creación es impulsado desde un organismo nacional de turismo.

El acuerdo, impulsado por la Secretaría de Turismo de la Nación cuenta con la participación de organizaciones internacionales tales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Save The Children y ECPAT Internacional y será acompañado además, por la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET).

El Comité Nacional del Código está conformado por representantes de las organizaciones antes mencionadas, por el Programa las Víctimas contra las Violencias y la Secretaría de Derechos Humanos (ambas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación) y por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). Su objetivo fundamental es el de avanzar en el desarrollo de un Código de Conducta en Turismo que promueva la implementación y desarrollo de políticas éticas corporativas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de parte de todos los actores del sector turismo, y de desarrollar las campañas y programas tendientes a su consecución.

INTEGRACIÓN REGIONAL

En la Reunión de Margarita se hizo especial mención a los procesos de integración regional y a la coordinación de esfuerzos de los países de la región, como dos herramientas de suma utilidad para la lucha contra la trata de personas.

Entre las actividades desarrolladas por Argentina en la materia cabe destacar:

  1. El Congreso contó también con la participación de funcionarios franceses y de Estados Unidos de América y abarcó temas como la prevención de la trata, la investigación y persecución del delito de trata, la protección y asistencia a las víctimas, la utilización de Internet para la comisión de los delitos de trata y pornografía infantil, la administración de justicia, capacitación y explotación sexual.

-En el ámbito de la OEA, nuestro país ha participado en todas las iniciativas referidas a esta temática, sobre todo en el ámbito de la Comisión Interamericana de Mujeres. En el 38° Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en 2008, la Argentina apoyó la Resolución AG/RES. 2432 (XXXVIII-O/08) Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes. Dicha resolución, en su parte operativa, recomendó la constitución de un Fondo Específico para el financiamiento del “Observatorio  sobre Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes”. Al mismo tiempo instó a los Estados a que “consideren la firma y ratificación o adhesión, según sea el caso, de los instrumentos internacionales que guardan relación con el combate a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y con la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas y adolescentes en el Hemisferio.

-Durante la XXXIV Asamblea  de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (Santiago de Chile del 10 al 12 de noviembre del 2008), la Argentina realizó una presentación resumiendo las acciones y políticas públicas que se han impulsado en el país desde el año 2007 a fin de revertir el problema de la trata de personas a través de programas que tienen por objetivo la inclusión social, teniendo presente la complejidad de este delito.

-En agosto del 2008 se realizó en Buenos Aires la Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, en la organización de tal evento trabajaron la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Programa Victimas contra las Violencias, Secretaria de turismo de la Nación, CASACIDIN, UNICEF y ECPAT.

En el ámbito del MERCOSUR, la Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR, (REM)  en la que participan activamente áreas de nuestra Cancillería, ha incorporado  la lucha contra la trata como uno  de los ejes de trabajo.

Dentro de la REM se ha constituido un grupo especializado que trabaja la problemática de la violencia contra la mujer en todas sus formas. En este marco, se propuso realizar un relevamiento del número de casas de acogida para víctimas de violencia y para las víctimas de trata en los países de la región, poniendo el acento especialmente en la zona de la triple frontera.

En la última reunión de este grupo (Brasilia, octubre 2008) se analizó la posibilidad de presentar un programa de cooperación específico sobre trata en los países de la región, cuyas líneas de acción comenzarían por un trabajo conjunto en la zona de la triple frontera.

COOPERACIÓN

ENTRE LOS

ESTADOS MIEMBROS

En materia de asistencia jurídica mutua y extradiciones Argentina es parte de una red de comunicación eficiente a través de puntos de enlace  a nivel hemisférico. La Red de Intercambio de Información (sistema de correo electrónico seguro GROOVE) instaurado por el Grupo de Trabajo de Expertos en Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y Extradiciones de la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o de Procuradores Generales de las Américas (REMJA-OEA). Tal red abarca a todas las Autoridades Centrales de la Convención de Nassau, encontrándose en la actualidad en pleno y eficaz funcionamiento.

Los Fiscales Generales, y la Unidad de Asistencia en la Investigación de secuestros extorsivos y trata de personas, cuentan con el sistema IBERRED para la investigación de los delitos de trata de personas con connotaciones internacionales. IBERRED es una red de contactos integrada por representantes de los Ministerios Públicos, Poderes Judiciales, Ministerios de Justicia y autoridades centrales de los países iberoamericanos que ha sido pensada para facilitar la búsqueda y ágil transmisión de información pública de cada uno de los países que la integran. Los pedidos de informal colaboración y sus respuestas son enviados vía e-mail.

Con el mismo espíritu, el 19 de diciembre de 2008, fue suscripto en Santiago de Chile, en la Primera Cumbre Iberoamericana para la investigación del delito de trata de personas, un compromiso internacional para intensificar la cooperación entre los Ministerios Públicos de la Región que vaya en beneficio directo de la lucha contra la trata de personas.

En ámbitos del MERCOSUR, el Grupo de Trabajo de la Iniciativa Niñ@sur, que funciona dentro de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH) donde hay una activa participación tanto de la Secretaria de Derechos Humanos, como de las pertinentes áreas de Cancillería de la Republica Argentina, aprobó, en el año 2005, las “Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación, abuso y/o venta”, las que, además de reconocer y proteger los derechos de las víctimas a lo largo del proceso judicial contra quienes han violado sus derechos, establecen estándares mínimos de asistencia y tratamiento para los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos de trata, tráfico, y/o venta.

Mediante la decisión N° 26/08 del Consejo  Mercado Común, se aprobó el “Acuerdo para la implementación de una base de datos compartida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del MERCOSUR y Estados Asociados”. Dicho acuerdo fue presentado  por Argentina en el marco del Foro Especializado Migratorio del MERCOSR, en el mismo se  establece la creación de un registro informático compartido con información sobre niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El registro es  alimentado por requerimientos de autoridades administrativas y judiciales del ámbito regional, constituyendo así un incremento en la protección de los menores que se desplacen en los países del bloque. Las partes se obligan a intercambiar la información que registren en sus bases de datos respecto a solicitudes de paradero y/o búsqueda y las solicitudes que impliquen restricciones de egresos de menores emanada de las autoridades competentes correspondientes.

Este acuerdo constituye una herramienta para satisfacer  la necesidad de los Estados Partes y Asociados del MEROSUR, de avanzar en una mayor cooperación, compartiendo información en resguardo del interés superior de los menores y desarrollando acciones dirigidas a prevenir la prevención de delitos aberrantes contra el tráfico ilícito, la trata y la sustracción de menores, teniendo presente los compromisos asumidos respecto a la protección y cuidado de los niños, necesarios para asegurar su bienestar y el respeto de sus derechos.

ANEXO I
Estado de Ratificación de Tratados Internacionales

Argentina ha ratificado varios tratados, que imponen obligaciones con respecto a la trata de personas. Entre estos se encuentran los siguientes:

TRATADO

FIRMA

FECHA DE RATIFICACION/
ADHESION (a) *

LEY NACIONAL

Instrumentos del Sistema Universal

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

———–

Art. 75 inc 22 Constitución**

Convenio sobre la esclavitud (1926)

Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 (1953)

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956)

———–

13 Agosto 1964 (a)

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949)

———–

15 Noviembre 1957 (a)

Protocolo final del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1950)

1 Diciembre 1960 (a)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

19 Febrero 1968

8 Agosto 1986
Art. 75 inc 22 Constitución**

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

———–

8 Agosto 1986 (a)
Art. 75 inc 22 Constitución**

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

19 Febrero 1968

8 Agosto 1986
Art. 75 inc 22 Constitución**

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)

13 Julio 1967

2 Octubre 1968
Art. 75 inc 22 Constitución**

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)

17 Julio 1980

15 Julio 1985
Art. 75 inc 22 Constitución**

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999)

28 Febrero 2000

20 Marzo 2007

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)

4 Febrero 1985

24 Septiembre 1986
Art. 75 inc 22 Constitución**

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

29 Junio 1990

4 Diciembre 1990
Art. 75 inc 22 Constitución**

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)

1 Abril 2002

25 Septiembre 2003

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990)

10 Agosto 2004

23 Febrero 2007

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000)

12 Diciembre 2000

19 Noviembre 2002

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000)

12 Diciembre 2000

19 Noviembre 2002

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (2000)

12 Diciembre 2000

19 Noviembre 2002

Instrumentos de la OIT

Convenio Nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930)

———–

14 Marzo 1950

Convenio Nº 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957)

———–

18 Enero 1960

Convenio Nº 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado) (1949)

Convenio Nº 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) (1975)

Convenio Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999)

———–

5 Febrero 2001

Instrumentos del Sistema Regional

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

———–

Art. 75 inc 22 Constitución**

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

2 Febrero 1984

5 Septiembre 1984 (a)
Art. 75 inc 22 Constitución**

Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores (1994)

———–

28 Febrero 2000 (a)

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994)

10 Junio 1994

5 Julio 1996

ANEXO II

A- Ley 26.364

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

Ley 26.364

Disposiciones Generales. Derechos de las Víctimas. Disposiciones Penales y Procesales. Disposiciones Finales.

Sancionada: Abril 9 de 2008

Promulgada: Abril 29 de 2008

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan con fuerza de Ley:

PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º — Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

ARTICULO 2º — Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.

ARTICULO 3º — Trata de menores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.

Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años no tendrá efecto alguno.

ARTICULO 4º — Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;

c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual;

d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.

ARTICULO 5º — No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.

TITULO II

DERECHOS DE LAS VICTIMAS

ARTICULO 6º — Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:

a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;

b) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;

c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;

d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;

e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764.

f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;

g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

h) Ser oídas en todas las etapas del proceso;

i) La protección de su identidad e intimidad;

j) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;

k) Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio;

l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad.

ARTICULO 7º — Alojamiento de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

ARTICULO 8º — Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.

Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.

ARTICULO 9º — Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.

TITULO III

DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES

ARTICULO 10. — Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.

La pena será de CUATRO (4) a DIEZ (10) años de prisión cuando:

1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;

3. Las víctimas fueren TRES (3) o más.

ARTICULO 11. — Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años.

La pena será de SEIS (6) a QUINCE (15) años de prisión cuando la víctima fuere menor de TRECE (13) años.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de DIEZ (10) a QUINCE (15) años de prisión, cuando:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;

2. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;

4. Las víctimas fueren TRES (3) o más.

ARTICULO 12. — Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años.

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen.

ARTICULO 13. — Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:

e) Los previstos por los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.

ARTICULO 14. — Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.

ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:

Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO (8) años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia de la víctima.

ARTICULO 16. — Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:

Artículo 121: Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de OCHO (8) a VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.

ARTICULO 17. — Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 18. — Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 19. — Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de SESENTA (60) días contados a partir de su promulgación.

ARTICULO 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.364 —

EDUARDO A. FELLNER. — JULIO CESAR C. COBOS. — Marta A. Luchetta. — Juan J. Canals.


[1] A/AC.254/8, Examen de Instrumentos Jurídicos Internacionales adicionales contra la trata de mujeres y niños. Elementos para un acuerdo para prevenir, reprimir y sancionar el tráfico internacional ilícito de mujeres, niños y niñas, adicional a la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional: Proyecto presentado por la Argentina, 15 de enero de 1999, Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional, Primer período de sesiones, Viena, 19 al 29 de enero de 1999, Tema 5 a) del programa provisional.

[2] Art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional: “(…) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. (…)”

[3] Promulgada el 29 de abril de 2008 y publicada en el Boletín Oficial Nº 31.395 el 30 de abril de 2008.

[4] Ley Nº 25.632, Aprobatoria de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, del 1 de agosto de 2002, publicada en Boletín Oficial Nº 23.973 de 30 de agosto de 2002.

[5] Se utilizo el informe de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situacíon de Vulnerabilidad, de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Min. De Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, pág.12-13-14.

[6] Se utilizo el informe del Área para la prevención de la Explotación Sexual Sexual Infantil y Trata de Personas, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social, pág. 4.

[7] Se utilizo el informe de la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior; pág. 2

[8] Se utilizo el informe del Jefe de Departamento de asuntos Regionales y Multilaterales del Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social; pág. 1 del Anexo

[9] Se utilizo el informe de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud.

[10] Se utilizo el informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. Pág. 2-3 y Anexo(resoluciones mencionadas)

[11] Se utilizo el informe de la Defensoría General de la Nación. Pág. 1

[12] Se utilizo el informe del Programa Turismo Responsable e Infancia, de la Secretaría de Turismo de la Nación. Pág.1

[13] Artículo 5, Decreto 1755/2008 “Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Sustitúyense Anexos del Decreto Nº 357/02. Apruébese la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Ministerio. Créase el Programa de Protección a las Víctimas de la Violencia”, del 23 de octubre de 2008, publicado en el BO Nº 31519 del 28 de octubre de 2008.

[14] Se utilizó el informe del Jefe de Departamento de asuntos Regionales y Multilaterales del Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social; pág. 1 del Anexo

[15] Se utilizó el informe de la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior; pág. 2.

* Elaboración en base los datos publicados por ONU, OIT y OEA.

** Incorporado a la Constitución Nacional por Reforma de 1994.

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